Javier Díaz Verón continúa en el cargo porque la Cámara de Senadores no quiso prestar su acuerdo o rechazar a Sandra Quiñónez, elegida por el presidente de la República, Horacio Cartes.
La agente especializada en antisecuestros venció en su terna al mismo Díaz Verón y a la fiscala de Delitos Económicos Victoria Acuña.
La Cámara Alta decidió dejar en suspenso el tratamiento del alto cargo hasta después de las internas partidarias del 17 de diciembre, y como el periodo parlamentario concluye el 21 de diciembre, recién en marzo se debatirá el tema.
Quiñónez tiene muchos reparos en opositores por ser la candidata de Cartes, pero la jugada legislativa no tiene otra intención más que ganar tiempo y que cada bancada negocie sus votos.
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La figura de la reconducción tácita no es nueva en la Fiscalía General, pues el antecesor de Díaz Verón –Rubén Candia Amarilla– estuvo en el cargo 1 año y 2 meses en esa condición.
En aquella ocasión, sin embargo, el periodo de concurso fue más dinámico, pero una vez que la terna fue formada, el entonces presidente Fernando Lugo eligió a Díaz Verón casi un año antes.
Un periodo antes, en el concurso que ganó Candia Amarilla, el Consejo de la Magistratura llamó al cargo vacante 90 días antes de fenecer el plazo a Óscar Germán Latorre, lo que agilizó el proceso.
Esto demuestra que los políticos fueron entendiendo que al hacer lento el concurso y la selección, los candidatos son más flexibles a aceptar pedidos especiales, por lo que se enmarañó el proceso con finalidades partidarias.
La Corte empezó todo
La reconducción tácita que se utiliza está establecida en la Ley 609 que organiza la Corte Suprema de Justicia y fue ampliamente debatida en el 2007 cuando cumplió su mandato el ministro Antonio Fretes.
Inclusive, se intentó sacar a Fretes con la reforma de esa ley. Legisladores opositores sancionaron la normativa y establecieron taxativamente que los ministros de Corte deben tener una duración de mandato de 5 años y que al cumplirse ese plazo, deben cesar de pleno derecho en el ejercicio de sus funciones. Esto fue vetado por el Poder Ejecutivo.
Posteriormente, los propios ministros se autodeclararon inamovibles en el cargo, mediante declaraciones de certeza constitucional.