La jueza María Griselda Caballero fijó nueva audiencia para el 7 de marzo, a las 08:00. Para posponer la diligencia, Peralta revocó poder al abogado Jorge Prieto y nombró a Lucas Ocampos como su nuevo defensor y como era de esperar, el letrado necesita tiempo para interiorizarse del caso.
En la primera convocatoria para la audiencia, el 22 de noviembre del año pasado, el abogado Prieto solicitó la postergación de la audiencia porque considera de vital importancia la presencia del representante de la UNA en la misma, en atención a su condición de supuesta víctima. El representante de la institución académica, Daniel Sosa, se encontraba en el exterior en aquel entonces.
En aquella ocasión, la mayoría de los 47 acusados también solicitó la suspensión de las diligencias por distintos motivos, razón por la cual quedó agendada para el 15 de diciembre.
En la segunda convocatoria tampoco se pudo llevar adelante la preliminar, debido a que Peralta se presentó sin su abogado Jorge Prieto. El profesional tampoco se presentó en tribunales y posteriormente, explicó que no lo hizo por enfermedad.
Millonario perjuicio
La acusación presentada por los fiscales de Delitos Económicos Martín Cabrera y Josefina Aghemo, en setiembre del año pasado, sostiene que el perjuicio patrimonial causado a la UNA con los pagos irregulares es de G. 4.000 millones, de los cuales, G. 1.225 millones son atribuibles a Peralta.
La Fiscalía sostiene que Peralta contrató como docentes a personas que no contaban con el perfil académico requerido para el cargo en la Facultad de Ciencias Veterinarias.
La jueza Caballero deberá resolver si Peralta irá o no a juicio oral y público por dichas anomalías. Idéntica decisión deberá adoptar la magistrada con relación a los funcionarios procesados por cobro indebido de honorarios, entre ellos su secretaria privada, Tatiana Cogliolo, quien percibía un salario de G. 12.600.000 y contaba con rubros de profesora de dos cátedras, siendo maestra parvularia. Además, toda su parentela, incluida una hermana menor de edad, figuran como contratados.