Los jueces María Luz Martínez, Elio Ovelar y Daniel Ferro hicieron lugar a un pedido de suspensión del propio Ortigoza, extitular del Instituto Nacional de desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Su defensa alegó que estaba pendiente una aclaratoria en la Sala Penal de la Corte, contra la confirmación de los fiscales José dos Santos y Nadine Portillo, algo que era desconocido hasta ayer.
El rechazo de esta recusación por parte de la Corte data del 6 de setiembre pasado y la aclaratoria se presentó el 21 de setiembre.
Recién el 27 de setiembre entró el expediente para el primer voto de un ministro.
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A esto se suma que la secretaría de la presidenta del tribunal, María Luz Martínez, no informó al Ministerio Público de la aclaratoria que estaba pendiente.
La fiscalía tenía como interinas de este caso a Pamela Pérez y Daniela Benítez, justamente para evitar las chicanas.
La Fiscalía asegura que el supuesto perjuicio producido por la enajenación de la propiedad sería de unos G. 40.000 millones. Otros acusados son Feliciano Romero, Juan Sosa Fretes y Andrés Francisco Argüello.