Las seis imputaciones presentadas el martes último por el fiscal Yoan Paul López fueron distribuidas entre cuatro juzgados de garantía, previo sorteo.
Así las cosas, el juez Hugo Sosa Pasmor procesa a los directivos de las empresas Capiatá y 3 de Febrero, que explotan las Líneas 58 y 454, respectivamente.
Los directivos de la empresa “Capiatá” Edgar Jiménez Ayala, Roberto Jiménez Ayala, Víctor Hugo Jiménez Ayala y Myriam Jiménez Ayala, y los de “3 de Febrero” Claudio Arias, Darío Arias y Óscar Fariña deben presentarse en tribunales el 3 de junio, a partir de las 08:00, para la audiencia en la cual le impondrán las condiciones para no ir a prisión.
El juez Gustavo Amarilla convocó para el 3 de junio a los directivos de “Campo Limpio”, Julio Santacruz, Óscar Torres, José Torres y Julio Torres, a partir de las 08:30.
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Para el día siguiente, también a partir de las 08:30, deben presentarse Juan Agripino Gómez Rivas, Carlos Jara Gómez, Elías Gómez Gaona y Gustavo Gómez Alonso, de “Ciudad de Limpio”. A su vez, el juez Tadeo Fernández procesó a los transportistas de la empresa “Cerro Kõi” María Teresa Quiñónez de González y Roberto Rolón Cáceres, a los que convocó para el 3 de junio a las 08:30.
La sexta imputación, contra la directiva de la empresa Ciudad de Villeta, Nora Sánchez de Méndez, fue derivada al juzgado de María Gricelda Caballero. La magistrada admitió el requerimiento fiscal y en la fecha fijará fecha para la audiencia correspondiente.
El fiscal López solicitó la imposición de medidas alternativas a la prisión, específicamente, una fianza acorde al perjuicio causado.
La imputación precisa que, en conjunto, los empresarios ahora procesados están sindicados como responsables de haber ocasionado al Estado un perjuicio de G. 13.165.957.792, mediante obtención de subsidios en forma completamente irregular.
IMPUTÓ Y LUEGO DESISTIÓ
Roberto Jiménez Ayala, de la empresa Capiatá; Claudio Arias, de la empresa 3 de Febrero; y Juan Agripino Gómez Rivas, de Ciudad de Limpio, fueron procesados con otros doce transportistas de varias firmas por supuesto negociado con subsidio estatal por un total de G. 7.000 millones, en el 2013.
La imputación fue presentada el 1 de abril del referido año por la fiscala Claudia Criscioni (actual jueza), quien luego de 6 meses adujo un error conceptual, por lo que solicitó archivar el caso y sobreseer en forma definitiva a todos.