El 31 de mayo de 2011, Delvalle –procesado por narcotráfico– abandonó la Penitenciaría Nacional de Tacumbú por la “puerta grande”, gracias a una orden de libertad falsificada.
La resolución tenía las firmas escaneadas de los magistrados Delio Vera, José Agustín Fernández y Agustín Lovera Cañete, miembros del Tribunal de Apelación, pero sellos auténticos.
El fiscal René Fernández explicó que la investigación realizada en torno al caso permitió determinar que Martínez, entonces funcionario de la Cámara de Apelación, elaboró la resolución apócrifa y el abogado Zorrilla se encargó de llevar la orden al penal.
El agente fiscal resaltó que Martínez, quien era relator del Dr. Delio Vera, se quedó en la oficina una vez concluida la jornada laboral con la llave y que las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia captan a Martínez saliendo del despacho del camarista Fernández, en horas inhábiles y luego se lo ve con Zorrilla, en los pasillos tribunalicios.
“Tenemos suficiente evidencia para sostener esa acusación y principalmente nos basamos en los mismos testimonios de los funcionarios de la Cámara de Apelación, del director de la cárcel, y en registros fílmicos de circuito cerrado de Palacio de Justicia”, afirmó Fernández.
Acusados, con medidas
El representante del Ministerio Público explicó que la expectativa de pena es de 10 años de prisión.
Actualmente, Martínez soporta prisión domiciliaria, mientras que Zorrilla tiene libertad bajo fianza, pese a que la fiscalía solicitó la prisión para ambos.
Delvalle permanece con paradero desconocido.
PERITAJE ESTÁ PENDIENTE
Recientemente, la Cámara de Apelación integrada por Arnulfo Arias, José Waldir Servín y Carlos Bray Maurice anuló la resolución por la cual el juez Julián López rechazó el pedido de la fiscalía de realizar un peritaje de la computadora del camarista José Agustín Fernández, ante la sospecha de que habría cambiado su voto.
El fallo señala que el juzgado no puede cercenar la investigación del Ministerio Público y ahora la fiscalía espera el sorteo del nuevo juez del caso, para volver a solicitar la extracción de datos.
El camarista Fernández se opone a que la fiscalía revise su computadora, pues considera que dicha tarea corresponde a la Dirección de Auditoría.