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El fallo dictado por los camaristas Arnaldo Martínez Prieto, Arnaldo Martínez Simón y Olga Talavera revocan parcialmente la sentencia dictada el 17 de setiembre del 2014, mediante la cual el juez Miguel Ángel Rodas descartó la acción. La Cámara estableció que el Estado paraguayo debe pagar a Dávalos G. 213.050.000, más interés del 1,79% desde el inicio de la demanda (2009), es decir, otros G. 411.868.260.
La acción se presentó contra el Estado paraguayo y también contra el exministro del interior Walter Bower y el exjuez y exdiputado Ángel Ramón Barchini, actual embajador paraguayo en Qatar. El accionante responsabiliza a Bower por despido y a Barchini, entonces diputado, por haber realizado la denuncia que dio origen al proceso penal. En principio, la acción también estuvo dirigida contra el actual camarista Gustavo Ocampos y el juez Gustavo Amarilla, quienes se desempeñaron como juez y fiscal del caso, pero solo prosperó el reclamo contra el Estado.
“Cabe concluir que la demanda se dirige en forma directa contra el Estado paraguayo, puesto que los daños que el accionante pretende le sean resarcidos, fueron ocasionados en virtud al actuar ilícito de sus agentes (dictado de medida cautelar de prisión preventiva por parte de un juez, durante un proceso penal que finalizará en la absolución del procesado)”, explica Martínez Simón.
Dávalos relata que fue detenido en la noche del 26 de marzo de 1999, con otras personas, sindicado como uno de los supuestos francotiradores que dispararon a jóvenes que se manifestaban en la plaza frente al Congreso, desde el edificio Zodiac.
Al día siguiente, Dávalos fue derivado a la Agrupación Especializada, donde estuvo preso durante 1 año, 11 meses y 7 días; tras lo cual permaneció en arresto domiciliario por tres meses más. Al término del proceso, el policía fue sobreseído por falta de pruebas.
Pidió G. 6.000 millones
En ocasión de promover el juicio en reclamo de resarcimiento por su separación de las filas policiales, prisión y proceso, Alcaldio Limpio Dávalos pidió un total de G. 6.001.600.000 por pérdida de libertad y desprestigio. El accionista especificó su reclamo en los siguientes conceptos: 1) daño emergente: G. 4.980.000.000; 2) lucro cesante: G.21.600.000; 3) daño moral : 1.000.000.000. La acción fue presentada por el abogado Juan Francisco Valdez.