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La diligencia se realiza ante el juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor.
Ortigoza, a través del abogado Álvaro Arias, solicitó el sobreseimiento definitivo por atipicidad de la conducta y asimismo requirió la prejudicialidad de la causa ya que según el acusado, no se determinó si el propietario de la tierra es Itaipú o el Indert.
El abogado Alfredo Delgado por la defensa de uno de los supuestos beneficiarios de la tierra David Marino Chamorro, quien se declara comprador de buena fe, solicitó la extinción de la acción (por resarcimiento del daño), criterio de oportunidad y suspensión condicional del procedimiento.
El abogado Jorge Bogarín, por la defensa de los demás beneficiarios del inmueble, Wilma Marina Fernández Mancuello, Manuel Rouz Trinidad, Juan José Melgarejo Frutos y Luis Alberto Álvarez Giménez, solicitó la suspensión condicional del procedimiento.
También están procesados los funcionarios del Indert Lic. Feliciano Romero Rodríguez y Juan Ramón Sosa Fretes.
La propiedad vendida por el Indert tiene un poco más de 7 hectáreas y el supuesto perjuicio con la enajenación de la propiedad sería de unos G. 40.000 millones, según la acusación de la fiscala Yolanda Portillo.
Ortigoza está procesado en cinco causas.