Según el art. 104, inc. 2, operará la prescripción independientemente de las interrupciones, una vez transcurrido el doble del plazo de la prescripción. En este caso el cohecho pasivo agravado se castiga con hasta 5 años de cárcel, y al haber transcurrido el doble de este tiempo, opera indefectiblemente la prescripción.
La causa se inició en marzo de 2006 cuando fue detenido un practicante del juzgado de Martínez, Osvaldo Britos, con una supuesta coima de US$ 1.500 que según esta persona debía entregar al magistrado para beneficiar a un procesado por homicidio culposo (accidente de tránsito).
El operativo fue llevado adelante por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio. Actualmente tiene la causa el fiscal Luis Piñánez.