Bernal Casco fue acusado por liberar, en el 2004, a dos marihuaneros tras cambiar el contenido del acta fiscal y la carátula del expediente.
El dilatado proceso llegó a contar con un sobreseimiento definitivo hace unos años, cuando el primer tribunal de sentencia anuló la acusación del Ministerio Público.
Sin embargo, la Corte revirtió esa resolución y finalmente se reenvió para un nuevo juicio oral y público.
El tribunal de San Pedro estuvo integrado esta vez por los jueces Rodney Rejalaga, Agapito Núñez y Vicente Coronel, quienes se tomaron una semana para realizar el cómputo final del plazo transcurrido.
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El mismo Bernal se representó en el juicio y planteó el incidente de prescripción de la causa por el trascurso del doble del plazo del hecho punible.
Los magistrados hicieron lugar al pedido del procesado, que alegó que pasaron 12 años y 5 meses sin sentencia.
“Él estuvo acusado por frustración de la persecución y ejecución penal, producción de documentos públicos de contenido falso, inducción a un subordinado a un hecho punible y transgresión del artículo 40 de la Ley N° 1340 (de Drogas). Este último hecho era el que tenía una pena mayor, 6 años de cárcel, y quedaba por definir, pero pasaron más de 12 años y la causa prescribió”, lamentó el fiscal anticorrupción Luis Piñánez.
En el juicio, la fiscala María Dominga Benítez se allanó a la prescripción, criterio también compartido por Piñánez. “Si bien ya no se puede hacer nada por esta causa que queda impune, se debe llegar a los abogados o funcionarios que posibilitaron este desenlace lamentable para la justicia”, dijo Piñánez.
Multa y auditoría
Tras hacer lugar a la prescripción, el tribunal de sentencia aplicó una multa de 100 jornales a Antonio Bernal Casco, que ascienden a poco más de G. 7 millones.
En la conclusión del juicio estuvieron presentes funcionarios de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte e inmediatamente se alzaron con el expediente y los documentos de la causa para la auditoría que fue dispuesta por Alicia Pucheta, presidenta de la Corte.