La fiscala Cano desestimó la denuncia presentada por el abogado Pedro Benítez, quien dijo ante el Ministerio Público que, según los consejeros de la Caja Taurín Portillo, Albino Sosa y Silvio Paiva, el presidente Caballero Candia habría pagado irregularmente G. 325.991.000 al abogado Carlos Vega para realizar trabajos para la institución.
La fiscala Cano, en vez de llamar a los consejeros que tenían conocimiento del supuesto ilícito, tomó declaración a la directora de Administración y Finanzas de la Caja, Fabiana Calabrese, quien solamente detalló del procedimiento para los pagos de gastos judiciales, de honorarios o anticipos.
Por ello, los camaristas de la Tercera Sala, Agustín Lovera Cañete, Antonia López y José Waldir Servín, revocaron el auto interlocutorio del 15 de setiembre de 2015 por el cual el juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández hizo lugar al pedido de desestimación de la denuncia por lesión de confianza contra Caballero Candia, solicitado por la fiscala.
El Tribunal de Alzada sostiene que la fiscala Cano no ha realizado un exhaustivo análisis referente a la tipicidad, antijuridicidad y reprochabilidad del caso que recayó en su unidad.
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La etapa incipiente de la investigación tampoco da argumentos contenidos en el Art. 305 del Código Procesal Penal como para otorgar la desestimación que había requerido.