El imputado Jorge Luis González Diarte, dirigente liberal buzarquista y funcionario público, recusó a Díaz Verón, además al fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, y a los agentes que indagan los destrozos en la Cámara de Senadores, María Estefanía González, Aldo Cantero y Eugenio Ocampos.

El procesado dijo que fue apresado cuando esperaba ómnibus el 31 de marzo, en el microcentro. El mismo aparece en videos de circuito cerrado dentro de la sede del Poder Legislativo, pero sin causar daños, asistiendo a heridos e intermediando en los disturbios.

González alega que la “estrecha” relación del fiscal general del Estado con Cartes es “notoria”, porque además su hermano Pedro Díaz Verón es intendente de Caazapá y “uno de los más férreos defensores de la reelección presidencial vía enmienda”.

El recusante refiere que una muestra de que Javier Díaz Verón responde a Cartes, fue el primer “favor” que le otorgó al paralizar la denuncia por falsificación de firmas (muertos firmantes) pro enmienda.

“A esta altura y por el negligente, arbitrario y falaz actuar de la Fiscalía, por la amistad, ergo favores hacia quienes lo designan, me encuentro huérfano de los derechos habiendo sido golpeado, detenido y llevado a una comisaría”, reclama el recusante.

Otro coprocesado, Richard Daniel Chamorro Alvarenga, recusó a Díaz Verón, González, Cantero y Ocampos, y a los demás fiscales que indagan los sucesos del 31 de marzo, que son María Raquel Fernández, Liliana Zayas, Jorge Noguera, Hernán Galeano, Yolanda Portillo, Lorena Ledesma y Giovanni Grisetti.

El imputado aduce que Díaz Verón, cuyo mandato feneció en noviembre de 2016 y está concursando nuevamente por su cargo, está representando “sus intereses y el de sus aliados políticos”, por lo que no tiene independencia ni objetividad.