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A pesar de pregonar transparencia y celeridad, la Corte sigue siendo la más morosa del sistema judicial y esta vez será la causante de que el proceso por lesión de confianza a Soares vaya al oparei.
Los hechos por los cuáles están acusados el exministro de la SEN y su exdirector de Contrataciones Alfredo Guachiré, se dieron entre mayo a diciembre de 2009 y este año se cumplen diez años, por lo que la causa prescribiría por el transcurso del tiempo sin sentencia.
En febrero de 2017 fue la última vez que el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Cynthia Lovera y Héctor Capurro intentaron iniciar el juicio oral. Sin embargo, estratégicamente la ministra Miryam Peña, integrante de la Sala Constitucional, se prestó a la maniobra de la defensa y evitó que se inicie el juicio oral.
Peña, en su carácter de presidenta de la Sala, sugestivamente solicitó al Tribunal de Sentencia que remita el expediente original a la Sala Constitucional.
La ministra integra la Sala que debe estudiar una excepción y una acción de inconstitucionalidad presentadas ya en abril de 2016, por la defensa de los acusados.
La ministra es hermana del político Euclides Acevedo del equipo del contralor general, Enrique García, cuyo estudio jurídico defiende a Soares.
La maniobra fue muy evidente, porque los recursos se presentaron un año antes del juicio, pero el expediente se pidió a la vista el día que debía comenzar la audiencia.
Soares y Guachiré utilizan como argumento principal de la acción una supuesta presentación extemporánea de la acusación, que fue hecha por la fiscala adjunta Soledad Machuca siete días tarde después del plazo establecido por el Código Procesal Penal.
También, reclaman una cuestión prejudicial.
Ya se rechazaron
Los incidentes, sin embargo, ya fueron rechazados el 26 de abril de 2016 por el entonces juez penal de garantías Paublino Escobar, quien decidió elevar la causa a juicio oral y público tras innumerables chicanas e intentos fallidos de realización de la audiencia preliminar.
Diez años
Este año se cumplen diez años de los hechos que propiciaron el inicio de la causa por lesión de confianza, por lo que está a un paso de la prescripción debido a que no hay sentencia.
El supuesto perjuicio de G. 1.224.976.100 aconteció por con dos compras sobrefacturadas, según la acusación del Ministerio Público.
El primer daño fue con la compra de panificados por G. 281.309.600, entre el 29 de mayo y el 16 de diciembre de 2009. La segunda compra sobrevaluada fue entre el 21 y 24 de diciembre de 2009. Se habían adquirido fideos, arroz, yerba, entre otros, por G. 943.000.000.
Se intentó blanquearlo
El exministro de la SEN Camilo Soares casi fue blanqueado en 2011. Fue en una audiencia preliminar donde compareció el fiscal Eduardo Cazenave, quien solicitó el sobreseimiento provisional a pesar de que su entonces colega Rocío Vallejo (actual diputada) acusó con ocho biblioratos de pruebas. El juez Pedro Mayor Martínez (hoy camarista) se opuso y envió el expediente a la Fiscalía General del Estado. La fiscala adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público por compras sobrefacturadas por valor de G. 1.224.976.100 y el caso fue remitido a Victoria Acuña.