Crescencio Ocampos fue el juez que el 26 de diciembre pasado intentó frenar la extradición de Jarvis Chimenes Pavão, al otorgarle un habeas corpus genérico para evitar que fuera entregado a la justicia del Brasil. La medida se dio a conocer dos días antes de la fecha prevista para la extradición.
Pero la entrega del narcotraficante a las autoridades brasileñas se realizó de igual modo, el 28 de diciembre último, en cumplimiento de sendas sentencias dictadas por las juezas Lici Sánchez y Griselda Caballero.
Posteriormente, la garantía constitucional fue anulada por la Cámara de San Pedro.
Cuando la Corte Suprema dispuso la intervención del juzgado a cargo de Ocampos, él renunció.
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A mediados de enero pasado, la máxima instancia judicial aceptó su renuncia y dejó vacante el cargo de juez en lo Civil, Comercial y Laboral de Santaní (departamento de San Pedro), con lo cual quedó libre la vía para procesarlo.
Paralelamente a esto, el fiscal Luis Piñánez abrió una investigación por el caso del habeas corpus genérico e imputó por prevaricato a Ocampos Cano.
Ocho inhibiciones
Pero nunca se pudo procesar al ahora exjuez, debido a que ocho magistrados se inhibieron de atender el caso, por diferentes motivos, hasta que la jueza Galarza aceptó el expediente.
La magistrada Galarza solicitó primero informes a la Corte Suprema de Justicia y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sobre la situación de Ocampos.
Tras recibir la información de que dejó de ser juez, y por ende, que ya no tenía fueros, la jueza lo procesó por prevaricato y lo convocó para la audiencia de imposición de medidas, fijada para este miércoles.
También la jueza Galarza señaló para el 1 de junio próximo la fecha para que el fiscal Luis Piñánez presente su requerimiento conclusivo.
En una prisión federal
El capo Jarvis Chimenes Pavão se encuentra actualmente en la penitenciaría federal de máxima seguridad de Mossoró, estado de Río Grande del Norte, a 4.000 kilómetros de Asunción, donde cumple una sentencia de 17 años y 9 meses por narcotráfico en Camboriú.
A la vez, soporta otro proceso por el mismo hecho en Porto Alegre, en una causa que le puede dejar otra sentencia de hasta 33 años.