El fiscal Martín Cabrera informó que una de las causas paralizadas es la del senador liberal Enzo Cardozo, por un perjuicio de G. 68.000 millones al Ministerio de Agricultura, de cuando era titular de esa secretaría.

La acusación contra el exministro y actual legislador se presentó el 6 de setiembre de 2014. Sin embargo, hasta ahora ni siquiera se puede hacer la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si Cardozo enfrentará o no juicio oral y público. El expediente está en la Sala Constitucional de la Corte.

Cardozo tiene otra causa abierta por una lesión patrimonial de G. 3.000 millones al MAG, que también “duerme” en la Sala Constitucional de la Corte.

En el informe de Cabrera al fiscal adjunto Federico Espinoza, también figura la causa N° 74/2014, que corresponde al proceso abierto al diputado colorado Óscar Venancio Núñez. Este, según el Ministerio Público, había causado un perjuicio de US$ 10 millones a la Gobernación de Presidente Hayes cuando dirigía ese organismo.

La audiencia preliminar ya se suspendió en seis ocasiones, atribuidas a la defensa del parlamentario.

Cabrera también tiene a su cargo el caso del diputado liberal Fernando Nicora. La defensa solicitó la nulidad de la imputación, que nunca fue resuelta por la Cámara de Apelación. Por esta razón, ni siquiera se pudo hacer la audiencia de imposición de medidas y pedir su desafuero, indica el informe del fiscal.

Nicora fue imputado por estafa cuando estaba al frente de Puertos, por ceder un inmueble que era de Aduanas. También tiene otra imputación por usar dinero de Puertos para pagar a sus operadores políticos sin que cumplan funciones en el ente.

A cargo de Acuña

La fiscala Victoria Acuña también ya remitió su informe a Espinoza. La agente del Ministerio Público refiere entre las causas paralizadas la N° 138/2013, más conocida como la de los caseros, en donde está acusado el diputado colorado José María Ibáñez. 

El legislador fue acusado de pagar con dinero de la Cámara Baja a Fabio Gómez y a otras personas que cuidaban su quinta en Areguá.

El expediente está en la Sala Penal de la Corte.

El proceso al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares, también aparece entre las causas a cargo de Acuña, y que es dilatado en el Poder Judicial. Soares fue acusado por un perjuicio patrimonial a la Secretaría mediante la compra sobrefacturada de “coquitos”.

En el transcurso de esta semana, los demás fiscales de Delitos Económicos deberán informar sobre los procesos que tienen a su cargo y que se paralizan en el Poder Judicial. 

El informe es para actualizar los datos y una vez más elevar una nota a los ministros de la Corte, para que destraben las causas.

Otros procesos

Entre los casos paralizados en la Justicia también está el de Rafael Filizzola, exministro del Interior, por la compra irregular de helicópteros para la Policía. La fiscalía habla de un perjuicio de casi G. 48.000 millones.

Filizzola igualmente tiene otro proceso por lesión de confianza, por omisión y acción, en el caso conocido como el de las comisarías. Ambos están en la Corte.

La defensa de Filizzola, al igual que la de la mayoría de los imputados, alega que se trata de persecución política y que no hay pruebas para sustentar las acusaciones.

El proceso al diputado liberal Milciades Duré igualmente está “dormido” en la Sala Constitucional de la Corte. Es por la venta sobrevaluada de tierras de San Agustín al Indert, en donde era miembro del Consejo.

LOS OTROS BENEFICIADOS

El proceso al senador colorado Víctor Bogado, en el caso conocido como “niñera de oro”, también está “congelado” en la Sala Constitucional de la Corte.

El exministro liberal Salyn Buzarquis es otro favorecido por la justicia y específicamente por la Corte. Su caso hace rato está paralizado en la Sala Penal. Está procesado por un perjuicio de US$ 600.000 al Ministerio de Obras Públicas, cuando estaba al frente de dicha cartera.

El diputado colorado Carlos Núñez también dilata su proceso. Según la acusación, a través de su firma Intercom ingresó de contrabando decodificadores por US$ 1.026.028, que se pasaron como ruteadores.