Patricia Rivarola (42)
La fiscala adjunta en lo tutelar, candidata a fiscal general del Estado, propuso en la audiencia pública que para que el Ministerio Público no se convierta en ‘agencia de cobranzas’ a través de la penalización de causas civiles, se debe instruir a los agentes fiscales para que desvincule estas denuncias de los procesos penales. Indicó además que es necesario que el Ministerio Público cree un registro centralizado de control de expedientes. Acerca de las presiones políticas, la adjunta manifestó que ellas siempre van a existir, y que la manera de combatirlas es hacer cumplir lo que la ley ordena.
Cristhian Daniel Rivas Kiese (37)
El abogado “pasillero” fue otro de los candidatos que manifestó que se debe transparentar la gestión administrativa del Ministerio Público permitiendo que la Contraloría audite sus cuentas. Indicó que llamativamente el Ministerio Público tiene demandas por falta de pago de los locales que alquila, a pesar de que esta institución recibe dinero para ello en su presupuesto. Se estaría ante casos de lesión de confianza, manifestó. Cuestionó que los fiscales se conformen con obtener penas carcelarias, pero nada hacen para recuperar el dinero perdido por el daño patrimonial.
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Atilio Rodríguez Britos (57)
El juez de primera instancia dijo que uno de sus ejes de gestión en caso de ser designado fiscal general, será implementar el control informatizado de causas penales relevantes. También agregó que la transparencia en el Ministerio Público se logrará a través del control ciudadano de las actuaciones fiscales, publicando en una revista jurídica los dictámenes de Fiscalía y las resoluciones judiciales. El magistrado de igual manera manifestó en la audiencia pública la necesidad de implementar una Policía especializada para realizar las investigaciones, como coadyuvante del Ministerio Público.