A partir de las 8:00 el abogado Claudio Lovera, defensor de los exconsejeros de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi), Félix Juan Villamayor y Walter Elías Delgado, expondrá sus alegatos finales.
Lovera adelantó que sus alegatos se basarán en el desconocimiento que tenían los exconsejeros de las supuestas inversiones que se realizaron en el extranjero. Además, manifestará que las inversiones, en su mayoría, se realizaron.
Lovera también adelantó que solicitará la absolución para Villamayor y para Delgado.
Por su parte, el abogado Guillermo Duarte, en sus alegatos, en representación de los exconsejeros Pabla Mieres, José Szwako, José Alonso Martínez, Gustavo Duré y Cíbar Insfrán y Ricardo Pereira Poletti, responsabilizó a los expresidente de Cajubi Víctor Bogado Núñez y Mariano Escurra, de haberles engañado para remesar millones de dólares al exterior, para realizar las supuestas inversiones.
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Anteriormente, el abogado Osvaldo Granada también solicitó la absolución de su cliente Bogado Núñez.
Se tiene previsto que esta semana concluyan los alegatos finales de las demás defensas.
Posteriormente, el tribunal de sentencia integrado por las juezas Mesalina Fernández, Rosarito Montanía y Esther Fleitas, pasará a deliberar por espacio de unos 10 días para luego dar a conocer la sentencia definitiva. El juicio oral se inició hace 5 meses.
Las penas
Los fiscales Victoria Acuña y Aldo Cantero, así como los abogados querellantes Rafael Fernández y Gustavo Gorostiaga, solicitaron idénticas penas para los acusados por lesión de confianza agravada.
En el caso de los expresidentes de Cajubi, Bogado Núñez y Escurra, y para los exconsejeros Villamayor, Delgado y César Bejarano, solicitaron 15 años de prisión.
Para los demás exconsejeros, Pereira Poletti, 10 años de cárcel, para Szwako Alonso y Mieres, 8 años de penitenciaría, 4 años para Insfrán y 3 años de encierro para Duré y el exsíndico Édgar Mengual.
La Fiscalía sostiene que hubo un daño patrimonial a la Cajubi de US$ 42 millones, con el envío de dinero al exterior para realizar operaciones de alto rendimiento. Para la querella, el perjuicio fue de US$ 120 millones, de los cuales US$ 70 millones son daño patrimonial, y el resto, por los intereses.