La bonificación, que debió beneficiar con G. 2 millones más a cada uno de los 752 secretarios de todo el país, está incluido en el presupuesto aprobado para el corriente, pero aún así no ha llegado a destino.
El salario actual es de G. 6.500.000 y con la bonificación sería de G. 8.500.000.
La preocupación de los funcionarios subió de tono cuando el director administrativo, Roberto Torres, les informó que decidieron utilizar el dinero –unos G. 1.500 millones– para otro fin.
“Fue aprobado el monto que la Corte solicitó en concepto de bonificaciones, el monto global que fue aprobado en el Congreso Nacional y también el presidente de la Corte el año pasado, cuando defendió su presupuesto mencionó a los actuarios judiciales y mencionó esta bonificación también”, explicó Víctor Marecos, presidente de la Asociación de Actuarios Judiciales del Paraguay.
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Tras una serie de reuniones realizadas en enero pasado, se llegó a una suerte de “tregua” hasta el 19 de febrero, plazo solicitado por el presidente Luis María Benítez Riera para definir la situación. Una vez firmado el Decreto Reglamentario del Presupuesto General de la Nación, se establecerán las reglamentaciones para la utilización de los recursos.