Numerosos testigos declararon en el juicio oral que los acusados manejaban la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) como si fuera una empresa personal informal.
Luis Alberto Cadogan, miembro del consejo directivo de la Cajubi en el año 2010, declaró que tras el corte administrativo constataron que en las administraciones anteriores muchas de las decisiones se tomaban a “puerta cerrada”. Los empleados del sector financiero así como el gerente general tenían prohibido entrar en contacto con los agentes inversores de la Cajubi en el extranjero “por disposición de las autoridades anteriores, presidente, vicepresidente y tesorero”, dijo el testigo.
Rubén Godoy declaró: “En el 2010 me asignaron como miembro del Consejo de Administración de la Cajubi”. Resaltó que “había una orfandad documental que respaldara las inversiones en el exterior; fuimos al área de inversiones de la Cajubi y nos encontramos con un desorden generalizado, además de un ambiente entre el personal de la Cajubi de miedo, temor y desconfianza. Era una situación muy difícil”.
El Ing. César Amílcar Bejarano, exconsejero procesado por el desfalco a la Cajubi, declaró en el juicio oral que la autorización para remesar al extranjero millonarias sumas de dinero en dólares para supuestas inversiones la firmaba sin tener a la vista los supuestos dictámenes favorables de las asesorías jurídica y financiera.
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Bejarano alegó que había confianza en los expresidentes de la Cajubi Mariano Escurra y Víctor Bogado Núñez, lo que facilitó la firma para remesar dinero al extranjero a fin de realizar “inversiones”.
Inversiones riesgosas
Los negocios realizados en el exterior no se hicieron con la prudencia debida y necesaria. No existe evidencia de la realización de un análisis serio y exhaustivo previo a la aprobación del Consejo de Administración de la Cajubi. Los pareceres jurídicos y financieros corresponden a memorandos.
No se visualiza la contratación de alguna empresa o institución certificadora independiente a fin de verificar la veracidad de las documentaciones respaldatorias para la realización de inversiones principalmente en el exterior.
En esta inversión no hubo diversificación, dictamen financiero y jurídico favorable para los intereses de la Caja, con el objetivo de disminuir los riesgos respecto a criterios de inversión de productos.
Las inversiones analizadas no reportan nunca los rendimientos prometidos, con claros reflejos sobre el costo de oportunidad del capital, dice parte de la pericia de la Fiscalía.
Las penas solicitadas
- Tienen pedido de 15 años de prisión del Ministerio Público y la querella adhesiva: Víctor Bogado Núñez, Mariano Escurra (expresidentes), Félix Villamayor, César bejarano y Walter Delgado. A 10 años de cárcel: Ricardo Pereira Poletti; a 8 años de prisión: José Szwako, José Alonso y Pabla Mieres; a 4 años de penitenciaría: Cíbar Insfrán, y a 3 años de encierro: Gustavo Duré y el exsíndico Édgar Mengual.
