El juicio oral estaba previsto para ayer, miércoles, a las 8:00, pero el abogado de Quesnel, Mario Arnaldo Peralta, el lunes 4 de diciembre ya presentó primeramente una recusación contra los miembros del tribunal de sentencia, integrado por los jueces Víctor Alfieri, María Luz Martínez y Elio Rubén Ovelar, por una supuesta preopinión de los mismos.
Pero a modo de trabar totalmente el estudio de esta recusación, el acusado también presentó recusación contra los miembros de la Cámara de Apelación, cuarta sala, que debían estudiar la recusación del tribunal. De esta manera, quieren ganar tiempo y llegar a la feria judicial, y que el juicio oral se vuelva a fijar para el mes de febrero de 2018 en adelante.
En este proceso están acusados por el Ministerio Público Rubén Darío Quesnel, expresidente del Indi; Marlene Mendoza, exdirectora de Administración y Finanzas del Indi, Éver Ramón Otazo, exfuncionario, y Óscar Viera, presidente de la Fundación Reforest Par.
Según la acusación del fiscal René Fernández, el Indi, a través de la Fundación Reforest Par, hizo desaparecer G. 3.127, que debían ser destinados a las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa, que actualmente por este daño económico están sumidas en la pobreza.
Diez veces ya se pospuso el inicio del juicio oral para estas personas. En la mayoría de las veces, fue Quesnel quien planteó los incidentes dilatorios.
Es por esa razón que el fiscal René Fernández solicitó al tribunal que le aplique una sanción disciplinaria al abogado Mario Peralta, a quien acusó de ejercicio abusivo del derecho, al presentar solo incidentes dilatorios. Este pedido está todavía sin resolverse.
Ya tiene una condena
El 16 de abril de 2015, el tribunal de sentencia integrado con los jueces Blanca Gorostiaga, Gloria Hermosa y Carlos Hermosilla, por unanimidad, condenó a Rubén Darío Quesnel a 6 años y medio de cárcel tras probarse los hechos punibles de lesión de confianza y abandono. Para los magistrados, quedó probado que Quesnel realizó la venta de las tierras de los ayoreos asentados en el Chaco y cometió la lesión de confianza. La enajenación está expresamente prohibida por la Constitución Nacional y por la Ley 904/81, que rige al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). Con la venta de las tierras se produjo la deforestación con la extracción de palosanto, además de atentar contra la fauna de esta zona.