El parlamentario logró trabar su audiencia en cuatro ocasiones. La última vez, en setiembre pasado, recusó al juez Otazú por supuesta animosidad y parcialidad manifiesta.
Un mes después, la Cámara de Apelaciones, Tercera Sala, rechazó la recusación porque la parcialidad invocada no podía ser “hipotética o abstracta”.
Ahora, el magistrado Humberto Otazú debe resolver un pedido de elevación a juicio oral y público del fiscal de Delitos Económicos, Martín Cabrera.
El agente había acusado al parlamentario porque la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por él mismo, despachó en el año 2011 un total de 11 ruteadores. En el instrumento de Aduanas se hizo figurar un costo de 17.706 dólares, sobre los que se liquidó el impuesto.
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Posteriormente, una auditoría determinó que el valor real de la mercadería era de US$ 1.026.028 y eran en realidad eran 31 decodificadores de TV.
La fiscalía sostiene que se produjeron documentos falsos para no consignar lo que realmente se importó. Intercom vendió los decodificadores a la firma Sitesa SA –cuyo presidente es Juan Osvaldo Ojeda Centurión– que ganó en 2011 la licitación pública Nº 63 por G. 24.999 millones (unos US$ 6 millones) para proveer decodificadores de TV a la Copaco.