La magistrada del fuero de la Niñez y Adolescencia escuchó a las partes durante la audiencia en la víspera en la secretaría del juzgado.
La fiscala Teresa Martínez se ratificó en el arresto domiciliario con permiso para ir al colegio, para no interrumpir la educación del adolescente imputado.
La abogada querellante, Cecilia Pérez Rivas, pidió que el muchacho sea trasladado hasta el centro correccional de Itauguá, debido a que se incorporaron nuevos elementos probatorios a la causa y el chico puede ejercer presión en alumnos que concurren a su mismo colegio.
Por su parte, el abogado defensor, Carlos A. Bogado, pretendía que su cliente tenga libertad ambulatoria para realizar actividades extracurriculares, como deportes y estudio de idiomas. También buscaba poder concurrir a reuniones familiares. Sin embargo, durante la audiencia de ayer no acercó la documentación que acredite que el imputado realizará tales actividades fuera del colegio.
La jueza Edith Coronel consideró que no están dadas las circunstancias para que varíe el arresto domiciliario.
“El juzgado le exhortó a la defensa a que presente los documentos que acrediten los horarios de las actividades extracurriculares y, del mismo modo, las solicitudes correspondientes con respecto a las actividades del entorno familiar para que el juzgado pueda darle el seguimiento que corresponda”, expresó la magistrada. Aclaró que una vez que reciba los documentos resolverá si corresponde la venia para asistir a esas actividades.
Con relación a la solicitud de la querella adhesiva, Coronel refirió: “La prisión no corresponde porque el juzgado penal adolescente es un fuero especializado. La misma Cámara de Apelación confirmó la resolución dada por este juzgado luego de la notificación del acta de imputación, por lo que no corresponde la prisión preventiva en este momento procesal”.
Otro punto que tuvo en cuenta para que no se den los presupuestos ni para la prisión preventiva ni para la libertad ambulatoria es que el adolescente no puede estar en contacto con otros posibles implicados en el este caso.
Por su parte, el defensor Bogado entendió que la jueza dio curso a su pedido, debido a que solo deberá presentar todas las actividades curriculares que realizará. “Tendrá la posibilidad de desarrollarse tanto educativa como socialmente”, expresó.
Esta causa por coacción sexual y abuso sexual en personas indefensas se abrió a raíz de la violación de una adolescente durante una fiesta de 15 años en el Club Centenario, el 10 de noviembre del año pasado.
Pericia sigue pendiente
La pericia de aparatos celulares, pendrives, notebook y otros elementos que contendrían el video e imágenes del abuso sexual de una menor en el Club Centenario sigue pendiente desde hace más de tres meses. El 15 de marzo se cumple la última prórroga dada por la jueza Edith Coronel. Tras esta diligencia, habría al menos otros cuatro adolescentes imputados, dos de ellos en carácter de coautores de la violación.