Los ministros Luis María Benítez Riera, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta ratificaron la resolución dictada por el Tribunal de Apelación de Central el 4 de febrero del 2016, que confirmó la elevación a juicio del caso.

Los antecedentes del caso dan cuenta de que la fiscala Cynthia Lovera –actualmente jueza– acusó y pidió juicio por procesamiento ilícito de desechos y violación a la Ley 716, que sanciona delitos contra el medio ambiente.

El caso se judicializó tras una denuncia de la comisión vecinal San Juan Bautista, tras lo cual el juez Gustavo Bóveda dispuso la suspensión de las actividades de la matadería, por el enorme daño causado por el vertido de efluentes cargados de sangre de los animales vacunos sacrificados –sin tratamiento alguno– en el arroyo San Lorenzo, afluente del lago Ypacaraí.

Lovera destacó en su acusación que la matadería carecía de licencia de la Secretaría del Ambiente (Seam). Pese a dicha irregularidad, funcionaba con una medida cautelar dictada por la jueza en lo civil Blanca Rojas.

El procesamiento ilícito de desechos, previsto en el artículo 200 del Código Penal, se sanciona con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. La Ley 716, en su artículo 5°, establece: “serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multa de 500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: (...) a ... e) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas”.