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La acusada cuestionó la decisión del magistrado de prohibir su ingreso al ente contralor, que la misma solicitó para retomar el cargo que tenía antes del escándalo en que se vio involucrada. Corbeta descartó tal acusación y recordó que su decisión fue ratificada por la Cámara, por lo que no puede ser calificada de injusta ni parcial.
Los camaristas concluyeron que si la procesada no está de acuerdo con la resolución adoptada por el juzgado, la vía idónea para atacar dicha decisión es la impugnación y no la recusación.
Respecto a la decisión del magistrado de cancelar la personería del abogado Jorge Bogarín como defensor de la acusada, debido a que el magistrado tiene causal de inhibición con el mismo y no es el primer defensor, el tribunal dijo que es legal.
“La designación del doctor Jorge Bogarín González como defensor técnico y la negativa del a quo a su intervención, está amparada en el artículo 112 del CPP, por lo cual tampoco puede interpretarse como voluntad arbitraria del juzgador primario”, afirmó la Cámara.
En consecuencia, el juez Corbeta puede fijar nuevamente audiencia preliminar para resolver si el excontralor, Torreblanca y otros procesados por pagos irregulares en concepto de honorarios y horas extras van o no a juicio oral.