Esta causa, iniciada en el año 2000, cumplió en mayo pasado nada menos que 16 años, pero lo único que avanza en la misma es el tiempo.
Tras la presentación de la acusación –el 8 de agosto de 2001– el fiscal Fabián Centurión solicitó juicio oral, y desde entonces se intenta realizar la preliminar, sin éxito.
En más de quince ocasiones distintos jueces han intentado realizar la diligencia, postergada a causa de las sucesivas chicanas interpuestas por las defensas.
Esta situación anómala, denunciada hasta el hartazgo por los medios de comunicación, ha motivado la apertura de sendos sumarios, sin que a la fecha se conozca de la aplicación de sanciones a los responsables de las chicanas.
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El juez Amarilla debe resolver si los acusados afrontarán o no un juicio oral y público por los apremios físicos sufridos por el comisario Alfredo Cáceres y el oficial Jorge López, detenidos bajo sospecha de sublevación contra el gobierno de Luis González Macchi, en mayo del año 2000.
Recusaciones y reposiciones son algunos de los recursos desplegados por los defensores, para postergar indefinidamente el desarrollo del proceso.
Hasta la fecha Bower ni siquiera cuenta con medidas alternativas a la prisión, pese a que la querella a cargo de l abogado Rolando Alum ha solicitado su aplicación.
“Más que una difamación, es peor. Es una lesión irreparable a mi familia, a mi carrera política, a todo lo que este ciudadano que se preparó para servir a su patria podría haber servido”, expresó Bower, al ser consultado sobre la acusación.