El abogado Juan Bautista Fiorio, representante legal del Banco Familiar, manifestó que apelará la millonaria regulación fijada a favor del abogado Hugo César Figari Penayo, representante de la Azucarera Iturbe.

Fiorio explicó que el juez Garcete Argüello argumentó que existió “provecho económico” a favor del “fideicomiso Azucarera Iturbe”.

“Sin embargo, sabemos que el amparo no persigue un ‘provecho económico’, ya que la acción constitucional tiene por finalidad obtener una medida de urgencia, en este caso, era la de permitir que el personal designado por la entidad fiduciaria del Banco Familiar pueda ingresar a la azucarera para verificar las condiciones en que se encontraban los bienes de la mencionada planta”, señaló el letrado.

“Este razonamiento es perverso y solo fue orientado para atribuir al pleito un valor económico que habría obtenido el fideicomiso Azucarera Iturbe y sus beneficiarios en caso de haber prosperado el amparo”, manifestó el abogado.

Fiorio agregó que la base de la regulación que tomó el juez fue el valor total de la azucarera, tasada en G. 259.000 millones.

Sobre esta avaluación es que el magistrado fijó el 10%, es decir, G. 25.900 millones, que al cambio actual representan los US$ 5 millones a favor del abogado Figari Penayo.

Otro punto que cuestionó Fiorio es que el abogado de la azucarera presentó tres escritos en el juicio.

El juez Garcete Argüello en primera instancia había otorgado la acción de amparo constitucional a favor del Banco Familiar. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones revocó el amparo y dispuso las costas a la entidad bancaria.

El Banco Familiar, como entidad fiduciaria y ante la falta de pago de proveedores de la Azucarera Iturbe, necesitó ingresar a la planta industrial para verificar el estado de los bienes, ya que la fiduciaria estaba habilitada para venderlos para hacer pagar la deuda. Es por ello que recurrió al amparo.

La regulación legal debería ser unos G. 6 millones, según Fiorio. Es por ello se presume que se trataría de una maniobra a la que se habría prestado la justicia.

El Gobierno había asumido casi toda la deuda de la Azucarera, que ascendía a más de 17.800 millones de guaraníes. El salvataje fue de G. 15.000 millones.