Ante esta situación, el juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor –quien interina a su colega Humberto Otazú– dispuso la intervención del médico forense de turno, para constituirse en el domicilio del parlamentario y verificar su estado de salud.
En la fecha, el galeno debe presentar su informe al juzgado.
El parlamentario fue procesado porque importó decodificadores, pero declaró en Aduanas que eran ruteadores. Además, adulteró documentos para subvalorar el costo real de US$ 1 millón por el de US$ 17.000.
La acusación
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La acusación presentada por el fiscal Martín Cabrera señala que la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por Núñez Salinas, despachó el 21 de octubre de 2011 un total de 11 ruteadores.
En el despacho se hizo figurar que la carga tuvo un costo de 17.706 dólares, sobre los que se liquidó el impuesto.
Posteriormente, una auditoría de Aduanas determinó que el valor real de la mercadería que ingresó en el despacho de Intercom era de US$ 1.026.028,51.
La fiscalía sostiene que se produjeron documentos falsos para no consignar lo que realmente se importó y que fueron 31 decodificadores. Intercom vendió los decodificadores a la firma Sitesa SA –cuyo presidente es Juan Osvaldo Ojeda Centurión– que ganó en 2011 la licitación pública Nº 63 por G. 24.999 millones (unos US$ 6 millones) para proveer decodificadores de TV a la Copaco.
La defensa del legislador solicitó la suspensión condicional del procedimiento a cambio de una donación de G. 30 millones para el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu. Agregó la defensa que Núñez, como presidente de Intercom Ingeniería, pagó una diferencia impositiva de G. 458.049.756, y además una multa del 100% sobre el citado monto, por lo que no existe el delito de contrabando.