Prohibición de salir del país, obligación de presentarse mensualmente en tribunales, fianza real de G. 500 millones y fianza personal de su abogado Rodrigo Yódice de 100 millones de guaraníes son las medidas establecidas para Lorenzo Mendieta por la jueza Gricelda Caballero.
Para cubrir la fianza real, Mendieta presentó un inmueble valuado en G. 900 millones.
Según la Fiscalía, el político pidió al entonces intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, los comisionamientos de 17 personas que ya están imputadas en esta causa por cobro indebido de honorarios.
“Se pudo constatar que las planillas donde obraban las supuestas asistencias de los mismos aún se encontraban en la sede municipal, sin haberse remitido a la institución. Así también en oportunidad de su declaración testifical el señor Roberto Cárdenas en sede fiscal manifestó que desconocía la situación de los funcionarios mencionados y no había firmado las resoluciones de aceptación de dichos comisionamientos”, refiere la imputación.
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La situación de Mendieta se complicó cuando el director del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Lambaré, Mauro Palacios, declaró que dichos funcionarios habían sido comisionados a pedido del concejal.
Específicamente, Palacios dijo que Mendieta le había solicitado las “planillas en blanco” y “días después le trajo las planillas totalmente llenas con las firmas de dichos funcionarios desde los meses de enero a setiembre del corriente año”, sin que hayan sido remitidas a la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde debían ser remitidas desde inicio del año. Es por esto que el concejal fue imputado por producción de documentos no auténticos y como cómplice de cobro indebido de honorarios.
En esta causa están procesadas casi medio centenar de personas, entre ellas el exrector de la Universidad Nacional de Asunción Froilán Peralta por lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer hecho punible, y el exdecano de la facultad de Veterinaria Juan Gualberto Caballero por lesión de confianza.
Vinculo con Amarilla
El concejal Mendieta, según fuentes, es uno de los operadores políticos del diputado Dionicio Amarilla, quien estuvo en la mira de la fiscalía en el caso de los planilleros de la UNA, ya que por muchos años estuvo al frente de la parte administrativa de la Universidad Nacional de Asunción.
Según fuentes, Amarilla habría comisionado a muchos de sus operadores de la UNA a Lambaré, donde estaban a cargo de Mendieta; por eso el Ministerio Público quería indagarlo.