Del encuentro participaron representantes del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), del Instituto Forestal Nacional, el asesor jurídico del Servicio Nacional de Calidad Vegetal y Sanidad de Semillas, Hugo Barrientos; el asesor jurídico de la Secretaría del Medio Ambiente, Enrique Cañiza; el fiscal adjunto Jorge Sosa y el fiscal ambiental Jorge Rojas.

En la reunión se acordó retomar las actividades ambientales, entre ellas la fiscalización de arroyos de San Lorenzo y San Antonio. Luego se seguirá con las verificaciones del lago Ypacaraí y sus cauces.

El abogado Marcos Benítez, director de la Dirección de Derechos Ambiental, explicó que también se impulsará el programa de intervención de los hechos de desmontes, atendiendo que este hecho punible se comete frecuentemente, con graves consecuencias para el ambiente.

Benítez también manifestó que hace poco la Corte lanzó un instructivo sobre temas ambientales, que puede ser de utilidad para los jueces.

Recordó que la máxima instancia judicial había nombrado jueces ambientales, precisamente para agilizar los procedimientos judiciales.

Ahora, los magistrados deberán disponer la prisión de los involucrados en tala de árboles, ya que así lo establece la ley. Hasta ahora, los jueces continúan otorgando medidas.