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El fiscal Édgar Sánchez Caballero solicitó prisión preventiva para la escribana María Cristina Paiva Valdovinos, el abogado Gustavo Brígido Bogado Benítez y los particulares Julián Benítez Niz y Luis Alberto Marín Mir.
El Ministerio Público imputó a los citados el 9 de enero pasado, y la causa recayó en el juzgado del juez penal de garantías Alcides Corbeta. Sin embargo, la imposición de medidas estará a cargo del juez penal de garantías de feria Hugo Sosa Pasmor, quien interina a su colega.
El fiscal imputó a Paiva Valdovinos, Bogado Benítez, Benítez Niz y a Marín Mir por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos de contenido falso y asociación criminal.
Antecedentes
El 8 de octubre de 2011, la Sra. Marta María Coronel Rojas presentó denuncia contra los ahora procesados por la comisión de delitos contra la prueba documental.
Coronel Rojas fue declarada heredera, de quien en vida fue su esposo, Carlos Eleuterio Cartes Duarte, fallecido el 22 de febrero de 1988, mediante sentencia N° 428 del 7 de julio de 1988, dictado por la entonces jueza de primera instancia en lo civil María Sol Zuccolillo.
El 15 de marzo de 2010, se presentó ante la escribana pública Paiva Valdovinos, el Sr. Benítez Niz y “celebró un contrato de compraventa” con el fallecido Cartes Duarte.
Marín Mir trabó un embargo ejecutivo sobre el inmueble que “adquirió” Benítez Niz, que fue aprobado por el exjuez Silvino Delvalle, el 4 de febrero de 2011, según A. I. N° 35.
Hasta 10 años de prisión
- El primer inmueble que “transfirió” el fallecido Carlos Eleuterio Cartes Duarte está individualizado como finca N° 6379, del distrito de La Recoleta. Igualmente, el occiso “transfirió” las fincas N° 22123 y 22124, pero esta última causa está a cargo del fiscal Hugo Segovia, de la ciudad de Ayolas.
- Los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso tienen una expectativa de hasta 10 años de prisión. La asociación criminal prevé pena de cárcel de hasta 5 años.
- El supuesto perjuicio causado sería de unos
G. 900 millones, según indicaron las fuentes.