La cámara hizo lugar a la apelación del defensor público Víctor Román Casola Ramírez a favor de su cliente Gustavo Barros Benítes (30). El profesional del derecho solicitó al Tribunal de Alzada que se revoque la Sentencia Definitiva N° 34 del 4 de agosto de 2017, por la cual el juez Corbeta ordenó la extradición de Barros Benítes al Brasil.
Casola Ramírez argumentó que se debe tener en cuenta el Tratado de Extradición del Mercosur del 2010. Agregó que nuestra normativa penal ordena en el Art. 6 que todos los hechos punibles cometidos en el territorio deben juzgarse en nuestro país.
El caso por el cual se solicitó la extradición tiene que ver con un homicidio doloso donde Barros Benítes está procesado en nuestro país como autor. La víctima es el también brasileño Marcilio de Souza, policía civil, quien prestaba servicio en la delegación de Policía de Paranhos. El crimen ocurrió en la ciudad de Ypejhú, distrito de Curuguaty, el 12 de febrero de 2014.
La fiscala adjunta Gilda Villalba Tottil dictaminó por rechazar la apelación de la defensa y hacer lugar a la extradición.
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Los camaristas sostienen que, por más que en el crimen estén involucrados ciudadanos brasileños, el hecho se produjo en nuestro país, por lo que el Estado y los tribunales nacionales tienen jurisdicción en el juzgamiento.
La interpretación legal de los camaristas está basado justamente en el Tratado de Extradición del Mercosur, donde se reconoce la igualdad de los Estados parte.