La fiscala general fue muy cuestionada por haber pisoteado su palabra al proteger la administración de Díaz Verón, pese a prometer que iba a dejar que la Contraloría General de la República audite la ejecución presupuestaria del Ministerio Público.
Quiñónez indicó ayer que en fecha 19 de abril comunicó a la Contraloría General que era innecesario informar sobre la desafectación de la auditora Andrea Rodríguez.
Esto, debido a que el fiscal adjunto encargado de despacho, Alejo Vera, el 8 de marzo pasado ya informó la exclusión de la mencionada auditora.
En su escrito, Quiñónez hace referencia a esta situación y a que su gabinete le informó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad que dio competencia al Tribunal de Cuentas.
Todo esto se originó cuando el 1 de marzo de este año el contralor Enrique García comunicó a Alejo Vera el inicio de la auditoría y la designación de la auditora Andrea Rodríguez.
La finalidad fue excluir a la funcionaria auditora designada por el contralor general con la excusa de que el 90% de la documentación de la rendición del periodo 2017 ya fue remitida a esa dependencia.
Con esto se asegura que la Contraloría ni siquiera audite el último año de gestión de Javier Díaz Verón (2017). El exfiscal general del Estado, que es investigado junto a su familia por enriquecimiento ilícito, consiguió que el Tribunal de Cuentas apruebe todas las veces sus gestiones.
“La primera...”
El 5 de junio del año pasado la entonces concursante al cargo de Fiscalía General Sandra Quiñónez dijo en su audiencia pública, de manera enfática, que iba a dar el ejemplo y transparentar toda su gestión.
“Claramente les digo: ¿Por qué debo temer a ser controlado, por qué debo temer a que el órgano de control, la Contraloría General del Estado, venga y tenga que controlar? Soy un servidor público, me debo a ustedes, para eso me pagan, para eso tengo mi sueldo. ¿Por qué tengo que temer que un órgano de control ingrese y me audite? Yo tengo que ser la primera persona transparente...”, expresó.
Miedo a resultado en contra
La calidad de imputado del contralor general Enrique García hace que exista temor de que audite la ejecución presupuestaria del Ministerio Público, lo que es utilizado como excusa para “blindar” la anterior administración.
Hay fuertes versiones de que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no quiere “servir en bandeja” entregando la documentación a los auditores de la Contraloría General. La titular del Ministerio Público, por ahora, blinda la gestión de su antecesor Javier Díaz Verón, pero ya surge la incógnita de si caerá en lo mismo de accionar ante la Corte para que sea el Tribunal de Cuentas el que audite su gestión todos los años.