Los magistrados Amarilla y Meza habrían actuado irregularmente al otorgar la prejudicialidad al contador Ignacio Urbieta, sindicado como cerebro de la megaevasión de US$ 270 millones en la capital de Alto Paraná.
El Ministerio Público cuestionó duramente la actuación de Amarilla y Meza en la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte. El fiscal Martín Cabrera refirió en su escrito que se atentó con la facultad constitucional de la Fiscalía de investigar los delitos.
Amarilla y Meza resolvieron que primero la Subsecretaría de Tributación tiene que expedirse sobre la falsedad o no de los documentos utilizados para evadir el pago del IVA. Para el Ministerio Público el argumento de los magistrados es totalmente absurdo.
Los dos camaristas se habrían prestado a la maniobra para favorecer a Urbieta, cuya impunidad es buscada por políticos e incluso algunos miembros del Jurado de Enjuiciamiento, que “apadrinan” al cerebro de la evasión, por los intereses económicos que están en juego.
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Juez en la mira
El juez Martínez, por su lado, había ordenado el arresto domiciliario de Bruno José da Costa Amaral, único detenido en el caso del hallazgo de 30 toneladas de billetes venezolanos, en la casa del referido imputado, el 13 de febrero pasado.
Martínez, ni siquiera era el juez natural de la causa, pero tomó el caso solamente para favorecer al procesado, el martes Santo pasado.
La medida dispuesta por el juez fue apelada por el fiscal Julio César Yegros y el Tribunal de Apelación de Salto, presidido por el camarista Carlos Domínguez, revocó la resolución de Martínez y dispuso que da Costa Amaral vuelva a la cárcel.
Se espera que el resultado de estas auditorías se dé a conocer esta semana, ya que de lo contraría ya despertaría sospechas.
