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Como estaba previsto, el juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández dispuso la nueva suspensión de la audiencia preliminar que debían enfrentar el diputado Ibáñez, su esposa, sus caseros y una funcionaria de Diputados, por estafa y otros hechos punibles.
El abogado Timoteo González, defensor de los caseros Favio Ernán Gómez Chamorro, Viviana Falcón y Éver Falcón, solicitó la suspensión de la audiencia porque dijo tener otra preliminar en Misiones.
La también procesada esposa del legislador, Lorena Plabst, dio parte de enferma, y pidió la suspensión de la audiencia.
La fiscala Victoria Acuña ni el juez Fernández no enviaron un médico forense para constatar la veracidad del reposo médico de Plabst.
El magistrado Fernández recién fijo nueva audiencia hacia finales de año, para el 26 de diciembre a las 9:00.
El juez explicó que no tenía otra fecha próxima en su agenda para realizar la diligencia.
Una nueva suspensión hará que la audiencia preliminar ya no se desarrolle este año, que es lo que pretenden las defensas. En enero es la feria judicial.
Por su parte, la fiscala Acuña se allanó a la postura del juzgado de realizar la audiencia con la presencia de todas las partes, para que se tenga una sola resolución y un plazo común en caso de que se deba recurrir la mencionada disposición judicial.
El Ministerio Público tampoco considera que el pedido de suspensión de las defensas constituyan hechos de “chicanería”.
“Son actos propios que hacen al derecho de las defensas”, indicó la agente fiscal al término de la suspendida preliminar, ayer a la mañana.
Los procesados
En esta causa están procesados los caseros de la quinta del diputado José María Ibáñez ubicada en Areguá, Gómez y los hermanos Falcón, Viviana y Éver Isaac, la exmodelo Plabst, y la secretaria de gabinete del legislador, María Liz Gutiérrez.
Además de la fiscala Acuña también intervienen en la causa los agentes Liliana Alcaraz y José dos Santos, quienes solicitaron juicio oral y público para todos los acusados.
Estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorarios son los hechos punibles por los cuales acusó la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La acusación
“José María Ibáñez ha certificado documentos a través de los cuales se confirman las asistencias de las personas nombradas más arriba, quienes supuestamente estaban a su cargo, pero, según la información obtenida durante la investigación, a través de varias diligencias, se ha corroborado que estas personas trabajaban como caseros en su casa quinta, ubicada en Areguá”, refiere parte de la acusación.
Intentó salida procesal
Ibáñez intentó beneficiarse con la suspensión condicional del procedimiento a través de una donación de G. 200 millones a entidades de beneficencia. Esta institución jurídica implica el reconocimiento de los hechos. Sin embargo, la fiscalía se reafirmó en su postura de llevar a los acusados a juicio.