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Sugestivamente, recién el 1 de noviembre de 2012, la abogada Carmen Marcela Orlandini, en representación del Indi, se notificó de la decisión judicial y solicitó que se levante la medida cautelar de no innovar.
La llamativa dilación de la Asesoría Jurídica de la institución, fortalecen las sospechas de que todo se trató de un negociado. Es inadmisible que los abogados del Indi no hayan mirado el expediente judicial durante dos años y tres meses.
La propiedad de 25.000 hectáreas, cuyo precio sería muchísimo más, se vendió a una tal Julia Beatriz Vargas Meza, en 1.250 millones de guaraníes. Es decir, a 50.000 guaraníes la hectárea.
La transferencia se realizó el 2 de noviembre pasado, ante la escribana Maribel Esteche (también investigada). El Indi estuvo representado por su titular, Rubén Darío Quesnel, quien fue denunciado ante la fiscalía de Delitos Económicos, por la supuesto comisión del hecho punible de lesión de confianza, cuya pena es de hasta diez años de cárcel.
La posible lesión al patrimonio del Estado, es investigada por la fiscala Alba Delvalle, quien solicitó una serie de informes, tanto a la Procuraduría como al Indi.
Detrás del feroz negociado estaría una rosca compuesta por escribanos, abogados, funcionarios del Estado y particulares. Todos habrían tenido participación para concretar el colosal perjuicio al Estado paraguayo.
Antecedentes
El 19 de diciembre de 2006, Eugenio Sanabria Cantero promovió ante la Justicia una demanda contra Annelise Gutermann de Meiser y otros sobre nulidad de acto jurídico. El accionante quería anular la venta hecha por los demandados.
Sin embargo, el 1 de noviembre de 2012, el juez Bécker rechazó la pretensión de Sanabria Cantero y ratificó que las 25.000 hectáreas son de propiedad del Indi, según ya había informado Registros Públicos.
Independientemente, el entonces Procurador General Enrique García promovió una acción de nulidad contra la finca 10.245, que Sanabria Cantero compró del Indi. En este expediente, también se habría maniobrado para que se pueda concretar la venta del valioso inmueble del Chaco.
Este expediente se tramita ante el juez en lo civil, Miguel Ángel Rodas.
Todos estos antecedentes serán solicitados por la fiscala Delvalle, quien tiene a su cargo la investigación.
La agente del Ministerio Público también debería pedir informes con relación a los bienes de la compradora del inmueble, para saber si tiene la capacidad económica para pagar G. 1.250 millones por la finca.
De acuerdo a las fuentes, todo se trata de un alevoso negociado en perjuicio de los indígenas.
La denuncia ante fiscalía
Los abogados Óscar Ayala, Julio Cabello y Maximiliano Mendieta presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por el hecho punible de lesión de confianza, que el Código Penal castiga hasta con 10 años de prisión.
Enfatizaron que se pone en riesgo la supervivencia de la comunidad indígena como colectivo, teniendo en cuenta la aspiración constitucional de disponer que las tierras ancestrales sean destinadas, gratuitamente, a nombre de los pueblos y comunidades indígenas a fin de ser utilizadas conforme a sus formas peculiares de vida.