“Los terrenos a ser adquiridos debían estar ocupados y que cuanto menor sea el precio pagado por ellos, menor sería el costo finalmente para las familias beneficiadas. Las erogaciones en concepto de compra de tierras por la SAS debían tener como contrapartida la regularización de los asentamientos y el inicio del proceso de pago por parte de los beneficiarios de esas tierras, de tal manera que la institución con dichos recursos pueda seguir ayudando a combatir la extrema pobreza como lo establecen los fundamentos de creación de esta institución”, dice una parte de la acusación de Vallejo.
Sin embargo, los terrenos adquiridos con urgencias en su mayoría hasta ahora siguen sin ocuparse.
Las propiedades supuestamente sobrefacturadas están ubicadas en Caaguazú, Ñemby, Tobatí, Itacurubí de la Cordillera, Limpio, Villa Elisa, Areguá y Coronel Oviedo y tienen problemas varios, que van desde anegamientos hasta procesos judiciales.
El perjuicio causado al Estado por las operaciones cuestionadas –materializadas entre los años 2007 y 2008– es de G. 11.000 millones, según la acusación que presentó la entonces fiscal Vallejo.