La extensa explicación del tribunal de sentencia del viernes último, para argumentar las condenas impuestas a los exdirectivos de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi), se basó en la conducta dolosa y el total desinterés de los exconsejeros en conocer cuál era el destino de los millones de dólares cuya migración autorizaron hacia supuestas firmas extranjeras, para realizar inversiones.

La presidenta del tribunal, Mesalina Fernández, explicó que la ley de constitución de la Cajubi ordena que su patrimonio sea preferentemente invertido en el país.

Para realizar esta inversión existe un orden de prelación: en primer lugar se encuentra la seguridad, luego  la rentabilidad y por último la liquidez.

“Lo primordial de estas tres condiciones es la seguridad. Los miembros del Consejo eran los encargados de cuidar del patrimonio de la Cajubi, pero no lo hicieron. Si no se invierte en condiciones apropiadas, a pesar de tener muchos ingresos, con el transcurso del tiempo se puede tener imposibilidad de pago, según dijeron los mismos analistas que declararon en el juicio”, refirió la jueza.

Agregó: “El perfil de la Caja es el de inversor institucional; por ello, no se puede invertir sin condiciones de seguridad, aunque su exigencia para producir ganancias sea elevada”.

“Se tiene que prever que pueden existir pérdidas, pero la ciencia financiera tiene sus mecanismos para disminuirlas, o bien, prever esos riesgos”, refirió la magistrada.

“No se puede perder todo el patrimonio detrás de una meta como ocurrió en la Cajubi”, enfatizó. Fernández agregó que según lo probado en el juicio oral, nada de lo supuestamente invertido se recuperó.

Modificaron manual a la medida

La jueza también explicó que el tribunal de sentencia puso especial atención a las modificaciones que se realizaron al manual que contenía la política de inversiones de la Caja.

Todas las trabas que el manual mencionaba para dar mayor seguridad a las inversiones fueron paulatinamente eliminadas para facilitar el envío de los millones de dólares al exterior. Los controles de las inversiones no fueron suprimidos, pero fueron disminuidos, explicó Fernández, dejando entrever que todo fue parte de un plan cuidadosamente llevado adelante para desfalcar el patrimonio de la Caja.

Otros de los puntos que exigía el manual era que los administradores de los fondos de la Cajubi explicaran cada tres meses qué se hacía con el dinero. Esto se cumplió para algunos inversionistas, pero en estas cuatro inversiones juzgadas nadie pidió explicaciones sobre las inversiones. A nadie le preocupó qué pasó con los millones de dólares que estaban administrando. Se olvidaron de hacer cumplir la ley, acusó la magistrada.

Todos los condenados, a excepción de Pabla Mieres y César Bejarano, fueron enviados a Tacumbú tras conocerse la sentencia.