El 4 de abril de 2017 la jueza de Ejecución Lourdes Scura rechazó el pedido planteado por la defensa del condenado que solicitaba salidas transitorias.

La magistrada dijo que Almada cumplió con las dos primeras etapas del régimen progresivo, pero con relación a la tercera etapa que corresponde al periodo de prueba no se cumplió, por lo que no corresponde darle el beneficio de las salidas transitorias. Esta es la resolución apelada y que los camaristas estudiaron y confirmaron en todos sus términos, por lo tanto el policía seguirá cumpliendo con su condena de siete años.

Los antecedentes de este caso se remontan al 7 de octubre de 2013, cuando Virginia Benítez (53) y su hija Laura Bogado (20) fueron víctimas de un secuestro exprés de parte de un grupo de agentes policiales. Para no involucrarlas en un hecho de narcotráfico le exigieron el pago de G. 100 millones, pero solo lograron sacarles la mitad de ese monto.

Tras la liberación de las mujeres, se logró detener al subcomisario Carlos García, el oficial Eugenio Álvarez, el suboficial mayor Jorge Raúl Arzamendia, el oficial Juan Walberto Almada y la suboficial Mirta Ayala. Todos fueron condenados