La mayor parte de la población recibió con agrado la semana pasada el anuncio hecho por algunos de los nuevos parlamentarios que juraron ayer, quienes aseguraron que se despojarían de algunos de sus injustos privilegios, como por ejemplo el millonario rubro para combustible.
Este coherente anuncio se hizo justo en medio de la polémica que desató el debate sobre la irracional jubilación vip, que pretenden aprobar los legisladores para ellos mismos.
Este hipotético beneficio consiste en un retiro con un generoso sueldo de G. 19 millones mensuales, en caso de que el parlamentario haya completado al menos dos periodos. Es decir, 10 años en el cargo, y que haya cumplido por lo menos 55 años de edad.
La gente “común”, en cambio, puede jubilarse con el 100% de sus beneficios recién al cumplir 30 años de aporte y 60 años de edad.
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Redondeando los montos en concepto de dieta, gastos de representación, combustible y seguro médico, los senadores y diputados cobran actualmente unos G. 40 millones, que es una cifra 20 veces superior al sueldo mínimo vigente.
No sufren la inseguridad
Sin duda alguna, se puede decir que ninguno de los 80 diputados y 45 senadores que juraron ayer en el Congreso va a sufrir la inseguridad que castiga al país.
Es que si las cosas siguen como hasta ahora, los parlamentarios van a tener a su cargo a 440 policías para resguardarlos las 24 horas del día, servirles de chofer, secretario o hasta de empleado doméstico, como se comprobó en varios casos.
De esos 440 uniformados comisionados al Congreso, solo unos pocos trabajan en el resguardo del edificio, y el resto en la custodia de los legisladores.
Datos a los que accedió ABC Color dan cuenta que algunos parlamentarios que ahora hicieron el rekutu tienen hasta cuatro policías asignados para su seguridad personal, la de sus familiares y sus residencias.
Capacidad disminuida
Los 440 policías comisionados a la seguridad de los parlamentarios representan casi el 2% del total de uniformados que hay en el país.
De 25.000 agentes, más de 5.000 trabajan comisionados en otras instituciones públicas, como Ministerio Público, Poder Judicial y los Ministerios y Secretarías, por citar a las principales.
Así como los parlamentarios, los jueces y fiscales también gozan de una vigilancia personalizada de pare de la Policía Nacional, mientras el resto de la población sufre a diario asaltos de motochorros, por ejemplo.
De este modo, con una gran parte de su personal comisionado a la seguridad de las autoridades, la Policía Nacional dispone de menos de 20.000 uniformados para cuidar el resto del país.
Pero de esos 20.000 hombres y mujeres restantes, al menos 3.000 son netamente administrativos, es decir, que no salen de oficinas.
Entre vacaciones, permisos especiales o reposo, pueden haber por los menos otros 2.000 agentes por periodo, con lo que entonces la capacidad efectiva real de la institución baja a 15.000 hombres y mujeres.
Entre esos 15.000 elementos ya figuran los de orden público, es decir, los que están por las calles, y los de investigaciones, que hacen trabajos más específicos, de prevención y represión.
Pero la cosa se complica aún más considerando que de los efectivos de orden público trabajan en dos turnos.
Así, en un día hábil, Paraguay cuenta con solo 10.000 policías para atender las necesidades de más de 7.000.000 de habitantes, lo que da un promedio de un policía por cada 700 habitantes.
Buen negocio para los jefes
La injusta seguridad personalizada que otorga la Policía Nacional a cada parlamentario, seguramente, no va a terminar pronto porque también representa un lucrativo negocio para los jefes de la referida institución.
La mayoría de los 440 agentes policiales comisionados al Congreso son de la Agrupación de Seguridad y cobran un sobresueldo que promedia los G. 1.500.000, de los cuales obviamente una buena parte va destinada al superior directo de ese personal que trabaja casi las 24 horas detrás de los políticos.