Mayor Martínez, quien además es coordinador ejecutivo de la comisión técnica de apoyo a la justicia penal de la Corte Suprema de Justicia, expresó su opinión tras interiorizarse de la decisión de la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, de impulsar reformas constitucionales a la par de la construcción de nuevas cárceles, para paliar el hacinamiento.

Bacigalupo abogó por la modificación de la ley que prohíbe la concesión de medidas a personas con antecedentes penales y en casos de personas procesadas por delitos considerados crímenes, así como la eliminación de los antecedentes penales inmediatamente de compurgada la pena y no a los tres años, como lo establece la legislación actual.

El jurista destacó que si bien está de acuerdo con la supresión de los antecedentes públicos una vez compurgada la pena, la modificación de las demás legislaciones amerita un abordaje más profundo.

“Tenemos que sacar a la gente de las cárceles, tenemos que evitar que la gente entre a la cárcel cuando no sea estrictamente necesario, porque no se puede masificar y generalizar la prisión. Al Ejecutivo no le conviene seguir cargando la cárcel, hay que trabajar en prevención, un trabajo que evite que la persona se vea tentada a delinquir”, afirmó.

“Es absolutamente necesario un abordaje integral. Un trabajo interinstitucional permitirá encontrar los verdaderos problemas y la corrección de viejas prácticas, brindando soluciones justas a realidades nacionales”, expresó el camarista.

En este escenario, para Mayor el uso excesivo de la prisión preventiva es uno de los principales problemas, así como la mora judicial.

“La instalación de una política pública vinculada a una visión más humanista del sistema penal y carcelario en modo alguno implica debilitamiento de las instituciones, al contrario”, acotó.