En diciembre de 2009, los ministros de la Corte Suprema, Alicia Pucheta y Óscar Bajac y la entonces camarista Natividad Meza señalaron en una aclaratoria que la sentencia de Escobar Cattebeke, de dos años y seis meses de cárcel, está firme y ya no puede ser objeto de ningún recurso.

“Adquiere calidad de cosa juzgada material y formal, en razón de haber sido emitido por una autoridad jurisdiccional (Corte Suprema) contra el cual no procede recurso alguno (irrecurribilidad) capaz de modificar lo sustancial de lo decidido (inmutabilidad)’’, concluyen los ministros.

Sin embargo, la jueza Frachi y los camaristas González de Caballero y Estigarribia modificaron la sentencia de la Corte e hicieron lugar a la prescripción del caso que planteó la defensa del exgobernador. Los magistrados, en consecuencia declararon la extinción de la pena de dos años y seis meses de cárcel que se le impuso a Escobar Cattebeke en un juicio oral y público.

La condena de primera instancia había sido modificada por la Cámara de Apelaciones, que estableció una pena de cuatro años y seis meses de prisión al político colorado.

La Corte, después, confirmó la pena más baja y aclaró que la sentencia está firme y envió a un juez de ejecución para que haga efectivo su cumplimiento.

Sin embargo, la fuerte injerencia política y las maniobras a las que se prestaron varios magistrados, Escobar Cattebeke fue blanqueado, pese a que robó más de G. 1.200 millones.

Las aberrantes sentencias de la jueza Frachi y de los camaristas González de Caballero y Estigarribia sellaron la impunidad del exgobernador colorado.

Esta sentencia desacredita al Poder Judicial y merece el repudio de la ciudadanía, porque atenta contra la seguridad jurídica. Los magistrados inferiores modificaron, nada menos, que un fallo de la Corte Suprema.

Empero, llamativamente, los ministros Luis María Benítez Riera, Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco, Raúl Torres Kirmser, Gladys Bareiro de Módica, Antonio Fretes, Víctor Núñez, César Garay y Oscar Bajac, mantienen un sugestivo silencio ante el aberrante fallo. Se habla de una presión, desde la cúpula de la ANR, sobre los ministros para que no sancionen a los jueces.