Sobreseimiento provisional para exministros del Interior y la Senad

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El exministro del Interior Francisco de Vargas, el extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Luis Rojas y otras nueve personas llamativamente fueron beneficiadas ayer con el sobreseimiento provisional por el juez penal de garantías Humberto Otazú.

El fiscal Luis Piñánez había solicitado el sobreseimiento provisional para todos los que estaban imputados en el caso que investiga la supuesta compra irregular de equipos para escuchas telefónicas inservibles por un valor de unos US$ 2.500.000 que estaba en poder de la Senad y el juez Humberto Otazú otorgó el pedido. Llamativamente no le dio trámite de oposición para que la Fiscalía General revise el pedido de Piñánez.

Francisco de Vargas dijo que en su caso no tenía nada que ocultar; estaba demostrado que los equipos que se compraron en el año 2012 sí servían y que incluso se llegaron a realizar varios operativos con ellos.

El caso estaba siendo investigado por el fiscal Martín Cabrera, quien fue recusado, en una maniobra de la defensa ante la inminente acusación. Fue designado Piñánez, quien sugestivamente solicitó el sobreseimiento provisional alegando que hay diligencias investigativas pendientes. Sin embargo, para Cabrera la investigación estaba concluida y existían suficientes pruebas para acusar tanto a De Vargas como a Rojas.

Se esperaba que el juez Otazú pidiera el trámite de oposición para que sea la Fiscalía General la que decida si acusa o se allana al pedido del inferior. Sin embargo, el magistrado decidió otorgarles a todos el sobreseimiento provisional.

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El fiscal Martín Cabrera imputó a De Vargas porque en el 2012 compró para la Senad de la firma Televox SRL el equipo denominado “Sistema de rastreo sensitivo móvil”, por el que pagó G. 9.406.120.000, “equipo que de ninguna manera justificaba dicho desembolso”, según el Ministerio Público.

Luego de tres años, en el 2015, el entonces ministro de la Senad, Luis Rojas, realizó una nueva compra denominada “Equipos tácticos de comunicación”, por el que pagó G. 1.250.000.000, nuevamente a la empresa Televox.

La Fiscalía sostiene que dichos equipos no se pudieron utilizar en la labor de la Senad y que De Vargas y Rojas incurrieron en malversación del patrimonio.

Sin embargo, para el fiscal Luis Piñánez no se pudieron hacer todas las diligencias al llegar al plazo en que se tenía que acusar a los imputados y pidió que todos sean sobreseídos en forma provisoria. Ahora se espera que la fiscalía realice las diligencias.