En este caso, los fiscales Martín Cabrera y Alberto González imputaron anteriormente a Cosme Alcibiades Roa, expresidente de APA, por lesión de confianza y violación de llevar libros de comercio; a Luis Alberto Barrientos Alcorta, exsecretario general, por lesión de confianza, apropiación, alteración de datos y sabotaje de sistemas informáticos; a Librada Noemí Jiménez Torres, exencargada de caja, por lesión de confianza y apropiación; y Cecilia Norma Riveros Caballero, exencargada de Inspectoría, por lesión de confianza, alteración de datos y sabotaje de sistemas informáticos.
Sin embargo, la investigación se amplió y tiende a sumarse la lista de los imputados.
Una cuestión clave es la pericia que está a cargo del laboratorio forense de la Fiscalía y de la nueva administración de APA.
En los puntos de pericia, los fiscales preguntaron a los profesionales cómo es el sistema de recaudación por derecho autoral.
El primero en responder fue Angel Vargas Arnold, propuesto por la querella, quien explicó que en cuanto a radio y televisión, el reparto se efectúa con base en un muestreo estadístico que realiza la entidad de gestión colectiva APA a través de la empresa BMAT.
Empero, dijo que llamó la atención que solo 10 radios eran monitoreadas en todo el país, durante el 2011, de las 300 existentes. En 2012-2015, subió a 21 radios y 4 canales de televisión.
Otro punto sospechoso que detectó el perito es que las planillas de cobro por ejecuciones de obras musicales en estaciones radiales y de televisión en todo el país eran confeccionadas por las mismas radios y canales de aire y cable. APA abonaba sin constatar la veracidad de las piezas ejecutadas.
Finalmente, el perito concluyó que “no existe correspondencia entre la distribución por derechos autorales en relación con los ingresos de los periodos 2013 (G. 17.144.548.004) y 2014 (G. 18.971.206.757), por lo que a mayor recaudación, menor distribución por los derechos autorales, cuando debía ser equitativo”, especificó.
Además, detectó que APA no declaró a la Subsecretaría de Estado y Tributación la suma de G. 20.656.589.545 entre los periodos 2013 y 2014.
Un monto estimativo sobre el despilfarro basado en el dictamen del perito Vargas asciende a 46.833.179.079 guaraníes.