Corvalán tenía hasta setiembre para presentar requerimiento conclusivo, pero solicitó adelantamiento y también sobreseimiento definitivo de Mendoza y de Miryam Isabel Vega, todos imputados por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios.

El fiscal precisó que Mendoza devolvió los G. 800.000 que cobró de más entre diciembre del 2013 y febrero del 2014 y que si bien tenía los títulos correspondientes, estos no están validados por las autoridades nacionales.

Con relación a Vega, Corvalán alega que se trata de una cuestión administrativa y además, la funcionaria está devolviendo el monto percibido ilegalmente en cuotas de G 1.250.000 mensuales.

Por otro lado, el fiscal solicitó criterio de oportunidad para Víctor Claudio Domínguez Acosta, representante de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), debido a que el mismo devolvió a la institución los G. 27.710.000 que cobró indebidamente, en concepto de bonificación por título (que no tenía) entre enero del 2013 y marzo del 2016.