El fiscal Blas Imas, quien tuvo a su cargo la pesquisa del robo de US$ 11.132.000, registrado en el aeropuerto Silvio Pettirossi el 4 de agosto de 2000, explicó que Edison Alvares de Lima, considerado el “ideólogo” del golpe, y Roberto Bachillet González, un exguerrillero “montonero”, no pueden ser extraditados; el primero, porque la Constitución de su país lo ampara, y el otro, gracias a una llamativa decisión judicial con aparente influencia política.
“Alvares de Lima se llevó a su país la mayor parte del botín robado y nunca pudimos traerlo aquí porque los ciudadanos brasileños son inextraditables a otros países, según lo establece la Constitución Nacional de esa nación”, explicó Imas.
Destacó que con ese dinero el brasileño realizó millonarias inversiones.
“Estuvimos cuatro años trabajando para rescatar esos bienes que invirtió en Brasil, pero no hubo éxito y sigue pendiente la orden de captura contra él. También fue declarado rebelde a los mandatos de la Justicia de nuestro país”, puntualizó.
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Respecto a Roberto Bachillet González, Imas refirió que los agentes de Interpol llegaron a detenerlo en Buenos Aires en 2001 y se cumplió el protocolo exigido para su extradición. Pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo liberó al presentar un argumento que no resultó claro.
Acerca de la supuesta implicancia en el ilícito del exministro del Interior Walter Bower, afirmó que no encontró elementos incriminatorios contra él.
“Objetivamente, no tengo elementos contra él. Hubo sí un tal Walter que integró esa gavilla, pero son informaciones que no pudimos demostrar con certeza”, dijo.
La pesquisa “salpicó” a otros políticos del Gobierno de Luis González Macchi (1999-2003), como el senador Óscar González Daher, el exministro de Defensa Nelson Argaña y al excoronel Enrique Sarubbi.
El exmilitar Óscar Celestino Romero y el exguardia de Prosegur Juan Pablo Ortigoza fueron los únicos condenados por el caso, a 12 y 8 años de prisión, respectivamente. Romero se fugó de Tacumbú el 28 de agosto de 2002 y el 9 de diciembre de ese año murió en un tiroteo con policías. Otro implicado, Francisco Ojeda Ayala, fue hallado muerto tres semanas después, tras ser ejecutado.
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