Tras condena, Corte resuelve suspender a juez Pane Chelli

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La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer suspender al juez en lo civil, comercial y laboral de Coronel Oviedo, Juan Carlos Pane Chelli, condenado por cobro indebido de honorarios a un año de pena privativa de libertad, en un juicio oral y público realizado a fines del mes pasado. El magistrado Luis Fernando Rivarola, del mismo fuero y circunscripción, lo reemplaza.

El caso del juez Pane Chelli es sui generis, el magistrado fue procesado en el 2013 y pese a ello permaneció en funciones en todo este tiempo e incluso afrontó juicio oral y público.

Hasta ayer la única determinación adoptada por la Corte Suprema de Justicia fue el traslado.

En el 2013, cuando Pane Chelli se desempeñaba como juez de San Lorenzo, fue procesado por cohecho pasivo (coima) y cobro indebido de honorarios, luego de recibir dinero que, según la denuncia, era por otorgar una revisión de medidas.

La imputación revela que el 6 de marzo de 2013 Pane Chelli pidió a Juan Smitmans Cabral G. 2 millones para ordenar el arresto domiciliario de su hijo Juan Augusto Smitmans Núñez, quien estaba preso y procesado por tentativa de homicidio.

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El 7 de marzo del 2013 Smitmans se presentó a realizar el pago, en un operativo filmado con cámara oculta, ocasión en la que consultó al actuario Pedro Meza sobre el monto a ser abonado.

Tras consultar al juez, Meza informó que era G. 1.500.000 el costo de la constitución. Aparentemente dio a conocer el monto correcto, debido a que se filtró la información.

No obstante tampoco correspondía el pago de constitución porque el procesado estaba representado por la defensa pública.

Por este motivo los fiscales Martín Cabrera y Nadine Portillo acusaron a Pane Chelli y a Meza por cobro indebido de honorarios y no por coima.

Posteriormente Meza accedió a una suspensión condicional del procedimiento y se convirtió en testigo de la Fiscalía.

En el juicio oral a cargo de sus colegas Leticia Fracchi, Liz Ramírez y Javier Sapena las magistradas votaron por la condena del acusado a un año de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba de la condena. Sapena votó por la absolución.

Fracchi destacó que hubo una grabación que revela que el acusado solicitó dinero al denunciante para una constitución a pesar de que sabía que el procesado contaba con defensa pública y no debía pagar nada.

Añadió que fue determinante la declaración del dactilógrafo del juzgado, Mario Aranda, quien dijo que el ahora condenado le hizo sacar con antelación la resolución donde se otorgaba el arresto domiciliario.