El subcomandante de la Policía Nacional, comisario general director Luis Carlos Rojas Ortiz, explicó que la institución tiene la obligación de acatar los mandamientos de la Justicia, en referencia al fallo preliminar de la jueza penal Rosarito Montanía de Bassani, quien el sábado de mañana admitió el recurso de amparo e hizo lugar a la medida cautelar de urgencia consistente en suspender el retest, es decir, los nuevos exámenes de ingreso que se iniciaron ayer, al menos para los 117 postulantes que ya habían alcanzado los puntos necesarios en las primeras pruebas que se tomaron en febrero pasado.
De hecho, muchos de estos ya ni siquiera se presentaron ayer.
Aquellos exámenes de ingreso fueron anulados luego de que una comisión interventora corroborara que al menos ocho jóvenes cometieron fraude al comprar las respuestas de los cuestionarios, por lo que estos ya fueron descalificados para las nuevas pruebas que prosiguen esta mañana en la Academia para oficiales, y desde el miércoles en el Colegio para suboficiales, que funciona en Capiatá.
La decisión de anular los primeros exámenes de ingreso y de tomar un retest a los casi 2.000 postulantes fue rechazada por los jóvenes que ingresaron limpiamente y por méritos propios, quienes explicaron que tuvieron que recurrir al amparo debido a que no tienen por qué asumir las consecuencias de los actos de los funcionarios policiales corruptos que vendieron las respuestas, ni de los aspirantes que se beneficiaron con ellas.
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Además, argumentaron que la mayoría de los ingresantes invirtieron al menos G. 20 millones en el proceso, entre el pago por cursillos, inscripciones y la compra de uniformes.
El verdadero “comandante”
Precisamente sobre este último punto, la Policía Nacional había ofrecido a los postulantes devolverles el total del dinero que gastaron en caso de que ya no volvieran a ingresar en el retest, pero presentando todas las facturas de las compras hechas.
El dinero sería desembolsado por la Entidad Binacional Yacyretá, seguramente por gestiones de su asesor jurídico, Luis Canillas, hombre de confianza del presidente Horacio Cartes y considerado por muchos como el verdadero “comandante” de la Policía, por su abrumadora influencia sobre comisario general comandante Críspulo Sotelo.
La crisis en el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), que es la dirección general que administra los centros de enseñanza, podría llegar a un nivel extremo en el hipotético caso de que la jueza Montanía ratifique como alumnos a los 117 ingresantes que presentaron el recurso de amparo y que, por ende, tendrían que ser admitidos sí o sí como cadetes (futuros oficiales) de la Academia de Luque y como aspirantes (futuros suboficiales) del Colegio de Capiatá.
Esta situación complicaría aún más al comando institucional de la Policía, que, a su vez, y paralelamente al curso que siga el amparo judicial, convocó e incluso ya inició los nuevos exámenes de ingreso, tras los cuales tendrían que resultar los nuevos ingresantes.
Entonces, se podrían llegar a superponer los ingresantes beneficiados con la medida judicial y los que aprobaron el retest, quienes obviamente no van a poder seguir todos juntos los cursos para oficiales y suboficiales debido a la cantidad limitada de plazas en los institutos de enseñanza.
Al respecto, el subcomandante Rojas explicó que, eventualmente, apelarían el fallo de la jueza Montanía, quien a su vez se tiene que expedir definitivamente antes del fin de semana para resolver el caso.