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Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo fueron imputados por la fiscala María Estefanía González (recusada) el 13 de agosto del año pasado.
Los hechos punibles que se les atribuyen son enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por no poder justificar G. 6.000 millones.
El exfiscal general estuvo unos días con paradero desconocido y con orden de detención fiscal, pero se presentó el 24 de agosto y fue remitido a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Luego, su defensa logró que sea trasladado a la cárcel militar de Viñas Cue, para no estar con reos comunes.
En ese lugar de reclusión cumpliría el 24 de febrero próximo seis meses de prisión preventiva (sin condena) y es más que seguro que su defensa insistirá en su libertad por haber transcurrido la pena mínima establecida en el Código Procesal Penal.
De hecho, Díaz Verón insistió a lo largo de estos meses en su libertad, pero le fue denegada en varias ocasiones, en todas las instancias.
Según el artículo 252 del Código Procesal Penal, en su inciso tercero, corresponderá la revocación de la prisión preventiva cuando su duración supere o equivalga al mínimo de la pena prevista (seis meses).
Sin embargo, la legislación vigente prevé la posibilidad de extender el plazo de tres años por seis meses únicamente en caso de condena, a fin de que se puedan tramitar los recursos correspondientes.
Esto último no es aplicable al caso de Díaz Verón porque ni siquiera ha transcurrido el plazo de investigación original de seis meses (se cumple en marzo próximo) y el Ministerio Público todavía puede solicitar seis meses más de prórroga extraordinaria para actos investigativos que estén pendientes.