La duodécima acusada por la masacre tenía 17 años en ocasión del enfrentamiento fatal, motivo por el cual el juicio se realiza con todas las garantías previstas por la ley para menores de edad: juicio a puertas cerradas y, en caso de condena, la pena no podrá superar los 8 años.
La defensa de la joven está a cargo de la abogada Sonia Von Leppel, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), quien ya planteó incidentes de prejudicialidad y de nulidad de actuaciones por falta de estudio psicológico de la adolescente.
“No se hizo evaluación psicológica, que es fundamental para un adolescente, porque determina el grado de madurez psicosocial y la capacidad de reprochabilidad. Esta es una diligencia de realización obligatoria que se tiene que realizar al inicio del proceso, es decir, no se puede hacer en el juicio oral porque no se subsana. Es un incidente absoluto que anula todo el proceso y no se puede retrotraer porque va a ser en perjuicio de ella”, explicó la profesional al justificar el pedido de nulidad.
Por otro lado, Von Leppel explicó que el incidente de prejudicialidad tiene que ver con la falta de definición de la titularidad del inmueble escenario de la tragedia ocurrida el 15 de junio del 2012 y que dejó 17 muertos (6 policías y 11 campesinos).
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Juicio a político, este jueves
El tribunal de sentencia presidido por Ramón Zelaya e integrado por Benito González y Samuel Silvero también tendrá a su cargo el juicio al excandidato a intendente del distrito de Yby Pytã Felipe Nery Urbina, cuyo inicio está previsto para este jueves, también en Salto del Guairá.
La acusación contra Urbina, sostenida por los fiscales Liliana Alcaraz y Nelson Ruiz, lo sindica como responsable de ayudar a campesinos implicados en la matanza.
El defensor público Joaquín Díaz alegó que Urbina al ver que Arnaldo Quintana (recientemente condenado a 18 años de prisión) estaba herido y pedía auxilio, lo ayudó, pero lo hizo de buena fe, sin saber ciertamente las circunstancias en que fue herido.
LOS ONCE CONDENADOS
En un juicio oral y público que concluyó el lunes último, el tribunal de sentencia presidido por Ramón Trinidad Zelaya condenó a los 11 acusados por la masacre de Curuguaty.
La pena más elevada fue la de Rubén Villalba, de 35 años de reclusión –30 de pena y 5 años de medida de seguridad–. El colegiado condenó a 20 años a Luis Olmedo; a 18 años a Néstor Castro y Arnaldo Quintana; a 6 años a Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López Peralta; y a 4 años a Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro Benítez.