Los fiscales de Cuentas, Jorge Salinas y Maribel Niz Candia, son los que primeramente analizan los documentos presentados por la Corte, la Fiscalía General y las demás reparticiones del Estado. Los agentes del Ministerio Público, una vez concluida la investigación elevan su dictamen al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, integrado por Rolando Ojeda, Arsenio Coronel y María Celeste Jara, quienes finalmente aprueban o rechazan las rendiciones de cuentas, que luego ya pasan a ser cosa juzgada y de ninguna manera pueden ser revisadas de nuevo por Contraloría.
El fiscal Salinas explicó a ABC que las primeras diligencias consisten en solicitar la ejecución presupuestaria y los documentos que respaldan los ingresos e inversiones de las instituciones, que piden el juzgamiento de sus cuentas. Los papeles son analizados desde el punto de vista contable y legal y posteriormente se elabora un informe preliminar, del cual se le corre vista a la entidad juzgada, para luego preparar un informe final.
El dictamen sobre el uso y la inversión del dinero público luego se eleva al Tribunal de Cuentas. El fiscal puede aconsejar el rechazo o la aprobación del uso de las cuentas.
Salinas aclaró que también remiten pedidos de informes al Ministerio de Hacienda, a la Contraloría (para saber si inició alguna auditoría), a Contrataciones Públicas y a la Fiscalía General, para saber si existe o no una investigación penal respecto a la institución rindente.
Al ser consultado acerca de si se limitaban a analizar solo los documentos, el agente del Ministerio Público explicó que también se constituyen en las diferentes instituciones, si existe alguna necesidad. Con relación a las construcciones, agregó que las pericias de las mismas quedan a cargo de los arquitectos e ingenieros del Laboratorio Forense de la Fiscalía, que luego elevan sus conclusiones.
El 70 por ciento
Salinas, cuando fue preguntado si revisan el uso de todo el presupuesto asignado, por ejemplo al Poder Judicial que supera los 1 billón 200.000 millones, respondió que en estos casos grandes solo auditan el 70 por ciento. Refirió que eligen los rubros más sensibles como viáticos, pago por combustibles y horas extras, construcciones, viajes, etc. “Hacemos todo lo que podemos. Tenemos los técnicos que se encargan de analizar los documentos y también los que verifican las obras”, añadió Salinas.
La Fiscalía de Cuentas ahora está juzgando la rendición de cuentas de la Corte, del ejercicio 2015. Una vez terminado este periodo comenzará el análisis de los gastos de 2016. “No se puede estudiar el siguiente periodo sin terminar el primero. Es decir que no podemos investigar lo del 2016 antes de concluir la rendición del 2015”, enfatizó el representante de la sociedad.
El artículo 249 de la Constitución establece claramente los gastos y las inversiones del Poder Judicial que tienen que se auditadas por la Contraloría. Sin embargo, un contubernio entre el alto tribunal y el órgano contralor hace que se eluda la disposición de la Carta Magna.
Los que más se critica respecto a la Corte y la Fiscalía General es que fiscales y magistrados que son subordinados a los ministros y al titular del Ministerio Público son lo que juzgan cómo ellos usan el dinero público. Es casi imposible que un funcionario inferior cuestione las rendiciones que presentan las autoridades de la máxima instancia judicial o la Fiscalía General.
Los que recurren a la Corte Suprema para evitar la intervención de la Contraloría General alegan que el órgano de control, más que un ente técnico es político y en muchos casos se usa para extorsionar a los funcionarios que están al frente, por ejemplo de los municipios y las gobernaciones.