En una conferencia de prensa realizada la semana pasada, el titular de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, abogado Mario Elizeche, informó las causas de la dilación de las audiencias preliminares.
En primer lugar figuran los fiscales, a quienes se les culpa de la suspensión del 25% del total de 1.296 audiencia trabadas en los últimos seis meses.
Luego, con el 20,2% figura la defensa privada. Es decir, están los abogados particulares que hacen un ejercicio abusivo del derecho y que en su mayoría defienden a exministros, exdirectores de entes y políticos acusados de robar al Estado paraguayo.
Solo el 6,63% de las suspensiones de las preliminares se atribuyen a los juzgados de garantías, que son los responsables de llevar adelante estas audiencias, en las que se tiene que resolver si los acusados afrontan o no juicio oral y público.
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Para los fiscales, la auditoría fue maquillada para exonerar a los magistrados de responsabilidad. Alegan que los jueces fijan las audiencias de acuerdo a sus agendas y no tienen un sistema informático para saber si el día señalado los agentes del Ministerio Público tienen o no diligencias en otros juzgados de garantías o una audiencia oral y pública.
Lo cierto y concreto es que con las auditorías y propuestas de trabajos conjuntos entre las distintas instituciones, este viejo vicio del Poder Judicial no se va a solucionar. Hace falta sancionar a los jueces que no castigan a los abogados que hacen un ejercicio abusivo del derecho, para trabar las audiencias preliminares.
La Corte tiene que actuar aplicando lo que establece la acordada, que tiene por objetivo evitar las chicanas.
La cadena de impunidad (Corte, juzgados y cámaras de apelaciones) solo fomenta la presentación de recursos dilatorios, para evitar que se hagan las preliminares.
Existe una connivencia entre magistrados y abogados y eso los ministros no pueden desconocerlo. En todo caso, hacen la vista gorda ante esta situación que conspira contra la justicia.
Las chicanas van a seguir al igual que las auditorías que todos los años son ordenadas por cada nuevo titular de la Corte, si los ministros no se ponen los pantalones y no sancionan a jueces y abogados chicaneros.